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CIRCULAR 013 DE 2014 SUPERTRANSPORTE

21-07-2014 Hits:4371 NOTICIAS Administrator - avatar Administrator

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE EXPIDE CIRCULAR   Cumplimiento de las Empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial   VER CIRCULAR_EXTERNA_13_DE_2014_supertransporte.doc  

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HISTORICO DESVIACION ESTANDAR

01-07-2014 Hits:2246 NOTICIAS Administrator - avatar Administrator

          ORTE INDICADOR CALIDAD DE CARTERA PROMEDIO  DESVIACION ESTANDAR PROMEDIO + 1 DESVIACION ESTANDAR PROMEDIO + 2 DESVIACIONES ESTANDAR           31 de enero de 2017 5,08% 3,48% 8,56% 12,04% 28 de febrero de 2017 4,83% 3,49% 8,33% 11,82% 31 de marzo de 2017 5,16% 3,51% 8,67% 12,18% 30 de abril de 2017 5,24% 3,55% 8,79% 12,35% 31...

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Cooperativas de Vigilancia, APLICACION N…

25-06-2014 Hits:1934 NOTICIAS Administrator - avatar Administrator

  SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA   EXPIDE INSTRUCTIVO SOBRE APLICACION DE NORMAS DE ECONOMIA SOLIDARIA      VER CIRCULAR EXTERNA  00185 DE 2014      

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JURISPUDENCIA ACTUAL

Sentencia T-287/11

 

 

Referencia. expediente T-2.726.909.

 

Acción de Tutela instaurada por Lilia Maritza Pradilla contra la Cooperativa de Trabajo Asociado San José de Cúcuta.

 

Magistrado Ponente:

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

 

Bogotá D.C., catorce (14) de abril  de dos mil once (2011).

 

 

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:

 

SENTENCIA

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Siete de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.

 

De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.

 

 

1.                ANTECEDENTES

 

1.1.         SOLICITUD

 

El 9 de noviembre de 2009, Lilia Maritza Pradilla, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Cooperativa de Trabajo Asociado San José de Cúcuta (COOPSANJOSE), por considerar que su actuación vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y a la seguridad social.

 

Por lo anterior solicitó que se ordene a la demandada que la reubique y le cancele las compensaciones y prestaciones sociales causadas y no pagadas desde el mes de febrero de 2009 y hasta la fecha, considerando que COOPSANJOSE no le ha comunicado la terminación de su contrato de trabajo.

 

Fundamentó su petición en los siguientes:

 

1.2.         HECHOS

 

1.2.1.Lilia Maritza Pradilla ingresó como trabajadora asociada de la cooperativa COOPSANJOSE, a prestar servicios en la E.S.E CAA Atalaya, a partir del 01 de noviembre de 2005, en el cargo de auxiliar de oficina, desempeñando labores de oficina y secretaria (cd.1, fl.1).

 

1.2.2.Afirma que desde el 30 de octubre de 2007, fue incapacitada ya que presentó “síndrome del túnel carpiano derecho severo y epoconditis lateral derecha” y que acumuló  un total de 365 días de incapacidad (cd.1, fl.1 y 2).

 

1.2.3.El 05 de junio de 2008, el diagnóstico fue confirmado por el Dr. Luis Ramón Sandoval -médico adscrito la I.P.S. Caprecom-, quien le recomendó que solicitara reubicación en un área de trabajo en la que no realizara labores repetitivas con las manos (cd.1, fl.1 y 2).

 

1.2.4.El 13 de junio de 2008, falleció Ángel Botello Gómez, esposo de la accionante, quien se había hecho cargo de los gastos del hogar y la educación de sus hijos (cd.1, fl.11).

 

1.2.5.La A.R.P. Positiva calificó la enfermedad de la accionante y dictaminó una pérdida de origen  profesional del 10,45%; sin embargo, la actora apeló dicha calificación por lo que fue remitida a la Junta Regional de Calificación de Norte de Santander (cd.1, fl.6).

 

1.2.6.El 12 de febrero de 2009, la Junta Regional de Calificación de Norte de Santander le diagnosticó una perdida de capacidad laboral del 22,26% (cd.1, fl.3 y 4). La estructuración de la calificación data del 11 de diciembre de 2008 (cd.1, fl.4).

 

1.2.7.El 21 de febrero de 2009, la Nueva E.P.S., I.P.S. UMOI emitió oficio mediante el cual le informó a COOPSANJOSE que desde el 12 de febrero de 2009 se le diagnosticó a Lilia Maritza Pradilla una pérdida del 22.26% de su capacidad laboral, para que así, habiendo terminado el proceso por medicina laboral, se procediera a su reubicación (cd.1, fl.8).

 

1.2.8.La accionante afirma que desde el mes de febrero de 2009 no ha recibido compensación alguna de parte de la cooperativa.

 1.2.9.El 25 de junio de 2009, la Junta Nacional de Calificación confirmó el diagnostico de la Junta Regional y señaló que se trata de una enfermedad de origen profesional (cd.1, fl.5-7). La estructuración de la calificación data del 11 de diciembre de 2008 (cd.1, fl.5).

1.2.10. El 26 de junio de 2009, como respuesta a una petición que la accionante adelantó, COOPSANJOSE manifestó haber conocido el comunicado de la Nueva E.P.S.; sin embargo, expresó que dada la finalización del contrato que vinculaba a la cooperativa con Caprecom, en ese entonces administrador de la clínica, no había lugar a llevar a cabo la reubicación; además, sostuvo que no se generaron incapacidades en los meses de marzo, abril y mayo de 2009 y que la accionante tiene derecho a que se liquiden y paguen los aportes sociales previa solicitud por escrito (cd.1, fl.9 y 10).

 

1.2.11. El 23 de septiembre de 2009, dado que COOPSANJOSE no había tomado decisión alguna, la accionante decidió acudir al Ministerio de La Protección Social en donde se citó 3 veces a la gerente de la cooperativa, quien nunca se presentó y sólo envió oficios en los que solicitó el aplazamiento de las diligencias (cd.1, fl.14-19).

 

1.3.         TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

Mediante Auto proferido el diez (10) de noviembre de 2009, el Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta admitió la demanda interpuesta y dio traslado a la entidad demandada para que  ejerciera sus derechos de defensa y contradicción.

 

1.3.1. Cooperativa de Trabajo Asociado San José de Cúcuta (COOPSANJOSE)

 

Liliana Elena Rodríguez Peláez, en su calidad de representante legal de COOPSANJOSE, manifestó lo siguiente:

 

1.3.1.1. Señaló que COOPSANJOSE es una organización sin ánimo de lucro, perteneciente al sector solidario de la economía, que asocia personas naturales que simultáneamente son gestoras y contribuyen económicamente a la cooperativa, y quienes además son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de sus actividades profesionales, por ello, los asociados están regidos por los Estatutos y Regimenes de Trabajo Asociado y de Compensaciones, y en esa medida, el vínculo no se somete a la legislación laboral, sino a las leyes cooperativas que regulan la materia (cd.1, fl.174).

 

1.3.1.2. Precisó que Caprecom terminó unilateralmente el contrato con COOPSANJOSE para la prestación de los servicios de salud en la Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta, por lo que todos y cada uno de sus trabajadores, a partir del 26 de febrero de 2009, quedaron sin ocupación laboral (cd.1, fl.175). Los detalles de ésta decisión los resumió de la siguiente forma:

 

1.3.1.2.1. Relató que la escisión del I.S.S. -mediante Decreto 1750 de 2003- dio lugar a la creación de la E.S.E. Francisco de Paula Santander en las instalaciones del I.S.S. que en Norte de Santander se denominaban Clínica Cúcuta, y que en virtud del decreto mencionado pasaron a denominarse Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta (cd.1, fl.174).

 

1.3.1.2.2. Narró que la administración directa de la Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta por parte de la E.S.E. Francisco de Paula Santander se dio por terminada en virtud del Decreto 810 de 2008, mediante el cual se suprimió dicha entidad y se ordenó su liquidación. Así, se delegó en Caprecom la administración de la citada clínica, que durante ese periodo se denominó I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta (cd.1, fl.175).

 

1.3.1.2.3. Relata que el 26 de febrero de 2009 se efectuó la entrega real y efectiva de las instalaciones de la clínica a sus nuevos dueños, la Universidad de Pamplona en asocio con la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, quienes designaron en lugar de Caprecom a un nuevo operador, la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz (cd.1, fl.175).

 

1.3.1.2.4. En vista de lo anterior, Caprecom terminó unilateralmente su vínculo con COOPSANJOSE, y por ende, todos y cada uno de los trabajadores de la cooperativa quedaron sin ocupación laboral. En consecuencia, en COOPSANJOSE se recibieron solicitudes de devolución de aportes de muchos de los trabajadores asociados, quienes actualmente se encuentran laborando por cuenta de la cooperativa COBADESA (cd.1, fl.175).

 

1.3.1.2.5. La accionante, Lilia Maritza Pradilla, no fue vinculada a dicha cooperativa, ya que al momento de la entrega material y efectiva de las instalaciones al nuevo operador, se encontraba incapacitada (cd.1, fl.175).

 

1.4.          PRUEBAS

 

A continuación se relacionan las pruebas documentales que reposan en el expediente:

 

1.4.1.Copia de la cédula de ciudadanía de Lilia Maritza Pradilla (cd.1, fl.12).

 1.4.2.Copia del certificado laboral expedido por COOPSANJOSE el día 22 de abril de 2008 (cd.1, fl.13).

 1.4.3.Copia de la valoración y dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, del 12 de febrero de 2009 (cd.1, fl.3 y 5).

 

1.4.4.Copia de la valoración y dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, del 25 de junio de 2009 (cd.1, fl.5-7).

 1.4.5.Copia del oficio dirigido a COOPSANJOSE por parte de la NUEVA E.P.S., el 21 de febrero de 2009 (cd.1, fl.8).

 1.4.6.Copia del acta de defunción de Ángel Botello Gómez del 16 de junio se 2008 (cd.1, fl.11).

 1.4.7.Copia de la respuesta que el 26 de junio de 2009, COOPSANJOSE dio al derecho de petición presentado por Lilia Maritza Pradilla (cd.1, fl.176).

1.4.8.Copias de las citaciones de diligencia administrativa laboral enviadas por el Ministerio de la Protección Social a COOPSANJOSÉ, los días 28 de agosto de 2009, 23 de septiembre de 2009, y 26 de octubre de 2009 (cd.1, fl.14-19).

 1.5.    ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN

1.5.1. Mediante Auto del catorce (14) de octubre de 2010, dadas las pretensiones de la accionante y considerando que la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz y la cooperativa COBADESA podrían resultar afectados con las decisiones que se tomen en esta sede, se puso en conocimiento de dichas entidades la tutela interpuesta y los fallos de instancia, para que en un término prudencial manifestaran lo que consideraran pertinente.

 

1.5.2. En este mismo Autose solicitó a Positiva Compañía de Seguros A.R.P., que informara si efectuó el pago de las incapacidades a Lilia Maritza Pradilla.

 

1.5.3. También se requirió al  Ministerio de la Protección Social que informara cuál fue su respuesta frente a la solicitud realizada por la cooperativa COOPSANJOSE, el 6 de abril de 2009 y con número de radicación 1038, mediante la cual se pretendía que se autorizara la desvinculación de Lilia Maritza Pradilla y otras trabajadoras asociadas.

 

1.5.4. Se solicitó a Lilia Maritza Pradilla que allegara una relación de los ingresos y gastos de su núcleo familiar y copia de las incapacidades que le otorgaron con posterioridad al 5 de junio de 2008.

 

1.5.5.  Se instó a la cooperativa COOPSANJOSE para que allegara una descripción de la labor que desempeñaba Lilia Maritza Pradilla  y una lista de los trabajadores que fueron desvinculados de la cooperativa como consecuencia de la terminación unilateral del contrato por parte de Caprecom.

 

1.5.6.  Por último, se solicitó a la cooperativa COBADESA que allegara una lista de los trabajadores que se han vinculado a la cooperativa y que actualmente prestan sus servicios en la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz.

 

1.6.         PRUEBAS ALLEGADAS EN SEDE DE REVISIÓN

 

1.6.1. La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, a través de su gerente Ivan Dario Zabaleta Hernández, allegó oficio en el que, entre otras cosas, manifestó (cd.3, fl.73):

 

Me opongo a todos y cada uno de los hechos y pretensiones de la acción tutelar, toda vez que la accionante, señora Lilia Maritza Pradilla, una vez revisados los archivos de la sección de Talento Humano se pudo constatar que no tiene ni ha tenido vínculo laboral o contractual con esta entidad, así mismo me permito informarle que la institución no ha suscrito contrato civil alguno con la accionada Cooperativa de Trabajo Asociado San José de Cúcuta COOPSANJOSE. 

 

1.6.2. Positiva Compañía de Seguros A.R.P. sostuvo que pagó a la cooperativa COOPSANJOSE la suma de $1’732.308 correspondiente al resultado de la liquidación de los periodos de incapacidad temporal otorgados a la trabajadora Lilia Maritza Pradilla y que fueron solicitados el 09 de julio de 2009 (cd.3, fl.25). Se le pagaron un total de 90 días de incapacidad (cd.3, fl.27).

 

1.6.3. El Ministerio de la Protección Social manifestó con respecto a la solicitud de la cooperativa COOPSANJOSE (cd.3, fl.30 y 31):

 

(…) las diferencias que surjan entre las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y sus asociados en virtud de actos cooperativos de trabajo, se someterán en primer lugar a los procedimientos de arreglo de conflictos por vía de conciliación estipulados en los estatutos. Agotada esta instancia si fuera posible se someterán al procedimiento arbitral de que trata el Código de Procedimiento Civil, o a la jurisdicción laboral ordinaria.

 

Por último, si bien es cierto que estas normas rigen para los contratos de trabajo que los terminan sin justa causa por razón de su limitación, las cooperativas de trabajo asociado no se rigen por la legislación laboral, sino están reguladas por la legislación cooperativa, los estatutos, el acuerdo cooperativo y el régimen de trabajo asociado y de compensaciones. Finalmente devuelvo a usted dicha petición por no ser esta materia de nuestra competencia.” (Negrita fuera de texto).

 

1.6.4. La accionante, Lilia Maritza Pradilla, allegó oficio en el que se muestra un resumen de las incapacidades posteriores a junio de 2008 (cd.3, fl.55). Allegó también informe de los gastos de su núcleo familiar desde junio de 2008 hasta la fecha, certificado por Lorena Rojas Ortega, contadora pública con tarjeta profesional (cd.3, fl.67).

 

1.6.5.  La accionada, COOPSANJOSE, mediante su representante legal Liliana Elena Rodríguez Peláez, allegó oficio en el que sostuvo (cd.3, fl.82 y 83):

 

1. A la ex trabajadora asociada LILIA MARITZA PRADILLA NO SE LE PUEDEN CERTIFICAR actividades, procesos y procedimientos realizados, por cuanto la misma venía incapacitada desde el 08 de noviembre de 2007, esto es,  que por su estado de salud se encontraba vinculada a la cooperativa PERO NO CONTABA CON UN PUESTO DE TRABAJO.

 

2.   NUESTROS TRABAJADORES ASOCIADOS NUNCA FUERON DESVINCULADOS DE COOPSANJOSE COMO CONSECUENCIA DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DE CAPRECOM, en papel se les informó que a partir del 26 de febrero de 2009 no contaban con puesto de trabajo en la cooperativa, pero en REALIDAD NUNCA CESARON EN SUS ACTIVIDADES, PORQUE CONTINUARON PRESTANDO LOS SERVICIOS mediante VINCULACIÓN CON LA COOPERATIVA COBADESA y/o PROGRESAMOS  y las demás que fueron señaladas por el operador de turno E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

 

3.   Aun más precisamente porque tenían un puesto de trabajo con COBADESA y/o PROGRESAMOS fue que todos los trabajadores asociados solicitaron la DEVOLUCIÓN DE SUS APORTES SOCIALES, lo que por contera implicaba su desvinculación de COOPSANJOSÉ y casi la LIQUIDACIÓN DE LA MISMA, lo cual evitamos programando por meses la DEVOLUCIÓN DE LOS APORTES SOCIALES, para continuar subsistiendo con la expectativa de participar en nuevas contrataciones, para estudiar la VIABILIDAD de ADQUIRIR NUEVOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.

 

1.6.6. La cooperativa COOBADESA, a través de su gerente, William Gómez, allegó oficio en el que manifestó que revisados los archivos, Lilia Maritza Pradilla no es, ni ha sido asociada de la cooperativa, ni ha tenido vínculo alguno con la misma.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.                DECISIONES JUDICIALES

 

2.1.  FALLO DE ÚNICA INSTANCIA: JUZGADO PRIMERO CIVIL  MUNICIPAL DE CÚCUTA

 

El Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta, mediante Sentencia del veinticuatro  (24) de noviembre  de 2009, declaró improcedente la acción de tutela bajo la consideración de que la accionante no se encuentra en estado de subordinación e indefensión frente a COOPSANJOSE.

 

Lo anterior teniendo en cuenta la situación de igualdad de los asociados en organizaciones como las cooperativas de trabajo asociado, y en vista de que no está demostrada la existencia de una relación jurídico-laboral entre los sujetos en controversia, de manera que la subsidiariedad de la acción de tutela impide al juez constitucional sustituir la jurisdicción ordinaria laboral, que cuenta con la competencia para declarar la existencia del contrato realidad y, en consecuencia, condenar a COOPSANJOSE a la reubicación y pago de las retribuciones legales a que tiene derecho la asociada conforme a las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

 

Afirmó además que no hay prueba alguna de la existencia de un perjuicio grave e inminente que pueda generar consecuencias irremediables a la accionante, y que ésta cuenta con la vía ordinaria laboral para obtener el pago de los derechos laborales que pretende alcanzar a través de esta tutela. Siguiendo lo anterior, aseguró que tampoco se encuentra la accionante en estado de indefensión,  ya que como se ha dicho, cuenta con medios de defensa judicial para la protección de sus derechos.

 

La accionante impugnó la decisión y manifestó que si bien es cierto que la demanda se dirige contra una cooperativa de trabajo asociado y que en principio debería conocer la jurisdicción ordinaria, se le está vulnerando un derecho fundamental como lo es el derecho al mínimo vital lo que hace procedente la acción de tutela. Además, insistió en que si bien en la decisión de primera instancia no se consideró probada la existencia de un perjuicio grave e inminente que pueda generar consecuencias irremediables, los hechos de tener familia que depende económicamente de ella, dada la muerte de su esposo, y de no contar con las compensaciones que se le adeudan, configuran una situación de perjuicio grave.

 

Antes de resolver la impugnación, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta declaró la nulidad de la sentencia del veinticuatro (24) de noviembre de 2009, debido a la no vinculación de Positiva Compañía de Seguros A.R.P., para la integración del contradictorio por pasiva. De manera que se ordenó al Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta vincular dentro de la acción de tutela como entidad demandada a Positiva Compañía de Seguros A.R.P., y devolver toda la actuación a la juez del conocimiento, para que retomara la actuación anulada.

 

El Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta, en sentencia de nueve (09) de febrero de 2010, pronunció un nuevo fallo de naturaleza similar al que había emitido anteriormente, ya que aunque se procedió a vincular a Positiva Compañía de Seguros A.R.P., no se obtuvo respuesta alguna. Por ello, además de ratificar la decisión inicial -declarar improcedente la acción de tutela-, previno a Positiva Compañía de Seguros A.R.P., para que en el caso de no estar cancelando las prestaciones -asistenciales y económicas- debidas a la accionante, Lilia Maritza Pradilla, procediera de manera inmediata a su estricto cumplimiento.

 

 

3.                CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

3.1            COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD

 

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.

 

 3.2           PROBLEMA JURÍDICO

 

El presente caso gira en torno a establecer si la actuación de la cooperativa de trabajo asociado COOPSANJOSE, vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y a la seguridad social de la accionante Lilia Maritza Pradilla, y en consecuencia, si resulta o no procedente su reintegro y reubicación.

Para resolver el problema planteado, la Corte efectuará el estudio de los siguientes puntos: primero, como asunto preeliminar, la procedencia excepcional de la tutela contra particulares; segundo, la naturaleza jurídica de las cooperativas de trabajo asociado; tercero, el principio de primacía de la realidad sobre las formas en la relación laboral y el contrato realidad; cuarto, el derecho a la estabilidad laboral de las personas en situación de debilidad manifiesta; quinto, la facultad del empleador de terminar el contrato laboral a un trabajador con una incapacidad superior a 180 días; y sexto, la figura de la sustitución del empleador. Una vez finalizado el estudio de estos temas, se analizará el caso concreto.

 

3.3.        Procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares, especialmente contra las cooperativas de trabajo asociado

 

El Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” señala en su artículo 1° que toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante un juez la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten conculcados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o por  particulares en los casos señalados en la misma reglamentación.

 

El artículo 42 del aludido decreto consagra las circunstancias en las que el recurso de amparo es procedente frente a particulares. Señala el numeral 4 de dicho artículo:

 

4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.” (Negrita fuera de texto).

 

En atención a lo anterior, la Corte ha reiterado que la procedencia de la acción de tutela frente a particulares está condicionada a que se demuestre la existencia de una relación de subordinación o indefensión entre el accionante y el accionado, entre otros eventos. Al respecto manifestó en la Sentencia T-1042 de 2001 lo siguiente:

 

El criterio por excelencia que ha primado en la doctrina y la jurisprudencia constitucionales para admitir el examen constitucional de actuaciones particulares respecto de su respeto a los derechos fundamentales es la existencia de una clara relación asimétrica de poder entre los particulares, que de entrada descarta, limita o elimina la autonomía de la persona y justifica una intervención estatal para evitar el envilecimiento, la instrumentalización absoluta o la degradación del ser humano. Es así como en relaciones contractuales, comerciales o de ejercicio pleno de la autonomía individual la Corte ha sostenido que, en principio, no es pertinente otorgar la protección constitucional de los derechos fundamentales. En cambio, tratándose de relaciones particulares donde se presentan relaciones de subordinación o de indefensión - como es el caso en materia laboral[1], pensional[2], médica[3], de ejercicio de poder informático[4], de copropiedad[5], de asociación gremial deportiva[6] o de transporte[7] o religiosa[8], de violencia familiar[9] o supremacía social[10] -, la jurisprudencia constitucional, siguiendo los parámetros que la propia Constitución establece, ha intervenido para dejar a salvo la efectividad de los derechos fundamentales en dichas situaciones.[11]

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido la subordinación como una relación de dependencia desde una perspectiva jurídica, mientras que la indefensión se presenta cuando existe un desequilibrio de poderes entre las partes desde el punto de vista material. Si bien en ambas situaciones se presentan posiciones desiguales jerárquicamente, la primera se origina en un evento jurídico, mientras que la segunda tiene lugar como consecuencia de uno de carácter fáctico[12].

 

Ahora bien, tratándose de cooperativas de trabajo asociado, las relaciones que tienen lugar al interior de las mismas, en principio, no encuadran en el marco de las relaciones de trabajo subordinado, en el entendido de que los mismos miembros son los dueños de la cooperativa y, en esa medida, no existe la dualidad entre empleado y empleador.

Sin embargo, la jurisprudencia relativa a las relaciones entre las cooperativas de trabajo asociado y sus cooperantes, ha permitido evidenciar que en este marco pueden presentarse distintos tipos de vínculo, lo que lleva a que el juez deba valorar en concreto los hechos en derredor de los cuales gira cada caso, para así determinar con certeza la naturaleza de la relación, pues en muchos casos se ha encontrado que efectivamente se configura una relación de trabajo dependiente entre el asociado y la cooperativa a la que pertenece.

3.4.  Cooperativas de trabajo asociado. Naturaleza   jurídica

 3.4.1. La Ley 79 de 1988 establece en su artículo 70, que las cooperativas de trabajo asociado serán aquellas que vinculen el trabajo de sus asociados a la producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios. Estas cooperativas se caracterizan, entre otras cosas, por su asociación libre y voluntaria, la no existencia de ánimo de lucro, su desarrollo conforme al principio de igualdad de los asociados, el basarse en el trabajo de los mismos, la solidaridad en las compensaciones o retribuciones, el desarrollo de actividades económico sociales, la presencia de una organización democrática y la existencia de autonomía empresarial[13].

 

3.4.2. La naturaleza de estas asociaciones concede a sus miembros la facultad de expedir y aprobar reglas relacionadas con la administración y el manejo de las mismas; también con respecto al reparto de excedentes y con relación a aspectos relativos al trabajo, las compensaciones y demás estipulaciones creadas para alcanzar los objetivos específicos de cada asociación, que  más allá de cuáles sean, deben propugnar por el trabajo conjunto que permita la obtención de los ingresos necesarios para que los asociados y sus familias puedan llevar una vida digna[14].

 3.4.3. Como lo evidencian las anteriores consideraciones, las cooperativas de trabajo asociado se muestran como una manifestación directa del Estado Social de Derecho, ya que resaltan los principios que guían a éste, y en esa medida, no es coincidencia que en varios artículos de la Carta se promocionen los elementos que más se destacan en esta forma asociativa[15].

3.4.4. Las cooperativas de trabajo asociado también han sido objeto de estudio de esta corporación y con respecto a ellas se ha señalado que las relaciones que se desarrollan en su interior no ingresan en la órbita de las relaciones de trabajo subordinado, en el entendido de que sus miembros son dueños de la misma y por ende no se presenta la dualidad entre empleado y empleador; por ello, en principio, no se aplican las normas del derecho del trabajo. Verbi gratia en la Sentencia C-211 de 2000, con ocasión del estudio de constitucionalidad de los artículos 59, 135 y 154 de la Ley 79 de 1988 y los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, esta Corporación señaló:

 

Las cooperativas de trabajo asociado se diferencian de las demás, en que los asociados son simultáneamente los dueños de la entidad y los trabajadores de la misma, es decir, que existe identidad entre asociado y trabajador. Siendo así, no es posible hablar de empleadores por una parte, y de trabajadores por la otra, como en las relaciones de trabajo subordinado o dependiente. Esta la razón para que a los socios-trabajadores de tales cooperativas no se les apliquen las normas del Código Sustantivo del Trabajo, estatuto que regula solamente el trabajo dependiente, esto es, el que se presta bajo la continuada dependencia o subordinación de un empleador y por el cual el trabajador recibe una retribución que se denomina salario. En las cooperativas de trabajo asociado no existe ninguna relación entre capital-empleador y trabajador asalariado pues el capital de éstas está formado principalmente por el trabajo de sus socios, además de que el trabajador es el mismo asociado y dueño. Así las cosas no es posible derivar de allí la existencia de un empleador y un trabajador para efectos de su asimilación con los trabajadores dependientes[16]. (Negrita fuera de texto).

 

No obstante, en la misma sentencia, la Corte precisó que si bien las cooperativas se rigen por los acuerdos suscritos por sus miembros y por fuera del ámbito de la jurisdicción laboral, no se pueden tornar en herramientas de vulneración de los derechos fundamentales de sus integrantes.

 

La facultad que tienen los asociados de tales organizaciones para autorregularse no significa que el legislador no pueda reglamentar algunos asuntos relacionados con ellas; lo que ocurre es que no puede injerir en su ámbito estrictamente interno, pues ello depende de la libre y autónoma decisión de los miembros que las conforman. Pero tal libertad de regulación no es absoluta pues dichos estatutos o reglamentos, como es apenas obvio, no pueden limitar o desconocer los derechos de las personas en general y de los trabajadores en forma especial, como tampoco contrariar los principios y valores constitucionales, ya que en caso de infracción tanto la cooperativa como sus miembros deberán responder ante las autoridades correspondientes, tal como lo ordena el artículo 6 del estatuto superior. En consecuencia, como algunas de esas regulaciones podrían infringir la Constitución y las leyes, corresponderá a las autoridades competentes analizar en cada caso particular y concreto si éstas se ajustan a sus preceptos y, en especial, si respetan o no los derechos fundamentales del trabajador[17]. (Negrita fuera de texto). 

 

De manera que en virtud del artículo 6 Superior, las cooperativas de trabajo asociado serán responsables ante las autoridades en el evento en que desconozcan derechos fundamentales, ya que estarían infringiendo la Constitución y las leyes.

 

3.4.5. La Corte también ha señalado que cuando en el convenio cooperativo y en su ejecución prevalezcan condiciones de carácter laboral por sobre las de índole cooperativa, se configurará un contrato de trabajo y las relaciones jurídicas entre las partes no se regirán por las normas de la legislación cooperativa sino por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, de conformidad con el principio constitucional consagrado en el artículo 53 Superior, de primacía de la realidad sobre las formalidades, como a continuación se estudiará[18].

 

 

3.5.   El principio de primacía de la realidad sobre las formas en la relación laboral y el contrato realidad en el marco de la cooperativas de trabajo asociado

 

3.5.1. La jurisprudencia de esta Corporación siempre ha estado encaminada a defender la amparabilidad del trabajo como derecho fundamental, más allá de las formas contractuales como éste se manifieste[19]. En ese sentido expresa en la Sentencia T-475 de 1992:

 

No sólo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado ‘en todas sus modalidades’ (CP art. 25)[20].

 

De manera consecuente, la Corte ha sostenido que basta con la prestación efectiva de trabajo para que surjan derechos a favor del trabajador y que siempre que se realice una actividad en condiciones de subordinación habrá lugar a una relación de carácter laboral. La Sentencia C-555 de 1994 señala al respecto:

 

La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia. La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuando quiera que se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan querido dar al contrato[21]. (Negrita fuera de texto).

 

La Sentencia C-1110 de 2001 reitera y amplía lo que en la citada sentencia de 1994 se dijo, ya que sostiene que:

 

La relación de trabajo dependiente nace primordialmente de la realidad de los hechos sociales, por cuanto cada vez que una persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica, surge a la vida del derecho una relación jurídica de trabajo dependiente, originando obligaciones y derechos para las partes contratantes que fundamentalmente se orientan a garantizar y proteger a la persona del trabajador.[22] (Negrita fuera de texto).

 

3.5.2. De esa manera, el principio de primacía de la realidad sobre las formas implica la garantía de los derechos de los trabajadores más allá de las condiciones que formalmente se hayan pactado. En ese sentido, puede hablarse de la existencia de una relación jerárquica de trabajo cuando la realidad del contexto demuestre que “una persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica[23]; de ese modo nacen derechos y obligaciones entre las partes, que se ubican en el ámbito de la regulación laboral ordinaria[24].

 

3.5.3. La noción del ‘contrato realidad’ se basa en una apreciación contextualizada del concepto de trabajo y no en una valoración inmaterial del mismo. Aplicando tal apreciación a las cooperativas de trabajo asociado, pueden presentarse situaciones en las que surge una relación vertical con respecto a los cooperados, como las que refiere esta Corporación en la Sentencia T- 445 de 2006:

 

En relación con los elementos que pueden conducir a que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado de subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i) el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte del asociado a la designación de la Cooperativa del tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará; entre otros (...)[25]

 

En la misma sentencia, es clara la Corte al referirse a las situaciones en que a las cooperativas de trabajo asociado les es aplicable la legislación laboral. La primera de ellas tiene lugar cuando las cooperativas  contratan trabajadores ocasionales o permanentes, y la segunda se presenta cuando el cooperado no presta su aporte de trabajo de forma directa a la cooperativa, “sino para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato de la cooperativa[26].

 

3.5.4. Posteriormente, en la Sentencia C-614 de 2009, con ocasión del estudio de constitucionalidad del artículo 2° del Decreto-Ley 2400 de 1968, tal y como fue modificado por el artículo 1° del Decreto-Ley 3074 del mismo año, esta Corporación rechazó la intermediación laboral a través de la utilización de las cooperativas de trabajo asociado, en los siguientes términos:

 

“De hecho, esta Corporación reitera de manera enfática la inconstitucionalidad de todos los procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar de que utilizan formas asociativas legalmente válidas, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación contractual y falsear la verdadera relación de trabajo. Por ejemplo, en muchas ocasiones, las cooperativas de trabajo asociadas, que fueron creadas por la Ley 79 de 1988, modificadas por la Ley 1233 de 2008 y reglamentadas por el Decreto 3553 de 2008, para facilitar el desarrollo asociativo y el cooperativismo, se han utilizado como instrumentos para desconocer la realidad del vínculo laboral, a pesar de que expresamente el artículo 7º de la Ley 1233 de 2008, prohíbe su intermediación laboral.

 

Así, la eficacia normativa de la Constitución que protege de manera especial la relación laboral y la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la forma, impone a los particulares y a todas las autoridades públicas, de una parte, el deber de acatar las prohibiciones legales dirigidas a impedir que los contratos estatales de prestación de servicios (norma acusada) y las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado sean utilizadas como formas de intermediación laboral (artículo 7º de la Ley 1233 de 2008) y, de otra, la responsabilidad social de evitar la burla de la relación laboral.

 

Así las cosas, en el análisis probatorio del caso concreto, deberá tenerse en cuenta factores como: i) la voluntariedad con la que las partes acuden a la forma contractual escogida. Dicho en otros términos, por ejemplo, si un asociado debe afiliarse a una cooperativa para obtener un contrato de trabajo, es claro que dicha decisión no es libre y, por ese hecho, ese acto constituye una desviación de la forma asociativa legal y constitucionalmente autorizada. ii) la finalidad con la que se acude a la forma contractual, pues si se celebran contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones permanentes de la entidad, o si se acuerda la prestación de servicios personales subordinados a cambio de una remuneración económica con una cooperativa de trabajo, de tal forma que puedan retirarse trabajadores de sus nóminas, o recortarse plantas de personal, o se celebran contratos con empresas de servicios temporales para el desempeño de funciones propias del giro ordinario de los negocios empresariales, es evidente que se ha utilizado una forma contractual legal para desnaturalizar la relación laboral. iii) la prestación directa del servicio y el ánimo con el que el beneficiario del trabajo lo recibe. En efecto, quien contrata un servicio personal de trabajo debe ser plenamente consciente de la naturaleza del vínculo acordado, pues si celebra un contrato de prestación de servicios profesionales no puede exigir subordinación del trabajador, o si celebra un contrato de prestación de servicios con una cooperativa de trabajo no puede ser ajeno a la relación laboral que se genera entre el trabajador y la cooperativa.[27] (Negrita fuera de texto).

 

En consecuencia puede sostenerse que la vinculación a una cooperativa de trabajo asociado no excluye per se el surgimiento de una relación laboral[28] y, en gran medida, es por ello que dentro de las prohibiciones que se han establecido para estas cooperativas, se señala la de “actuar como empresas de intermediación laboral para impedir que se use la forma asociativa de la cooperativa de trabajo asociado para evadir las cargas prestacionales propias de un contrato de trabajo[29]. Por tanto, en el caso en que se encuentre probada la intermediación laboral, se genera una responsabilidad solidaria en cabeza tanto de la cooperativa como del tercero beneficiado con los servicios del trabajador asociado[30].

 

3.5.5.  En atención a estás consideraciones, en diversos fallos se ha dado aplicación al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, y se ha establecido que aún cuando los demandantes se encuentren vinculados a una cooperativa de trabajo asociado y presten sus servicios para otras entidades, si se presentan las características de un contrato de trabajo, existe una relación laboral y no una relación cooperativa.

 

La Corte Constitucional ha protegido especialmente dos grupos de trabajadores cuyos derechos fundamentales han resultados conculcados por cooperativas de trabajo asociado dada la existencia de una relación laboral: las mujeres en periodo de gestación o lactancia y las personas con discapacidad. A continuación se exponen algunos casos:   

 

3.5.5.1. En la Sentencia T-286 de 2003, la Corte amparó los derechos fundamentales de una mujer embarazada que laboraba en el Banco Citibank, mediante intermediación de la Cooperativa de Trabajadores de Colombia, Coodesco, y cuyo contrato fue terminado unilateralmente bajo el argumento de que no había cumplido con las metas del mes. La Corte ordenó el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales causados y no pagados desde el momento en que fue desvinculada hasta su reintegro, teniendo en cuenta la existencia de una relación laboral atendiendo al principio de primacía de la realidad sobre las formas; al respecto señaló esta Corporación:

 

(…) si bien la actora es asociada de una cooperativa de trabajo asociado, Coodesco, también lo es el hecho de que Coodesco la envió a prestar sus servicios personales en las dependencias del Citibank, lugar donde cumplía un horario y recibía una remuneración por parte de Coodesco. Es decir, en el caso planteado, tuvo lugar una prestación personal del servicio en cabeza de la actora, una subordinación jurídica de la misma frente a Coodesco y una remuneración a cargo de ésta por los servicios personales prestados por la demandante. En otras palabras, se configuró el contrato de trabajo en consonancia con la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal (art. 53 C.P).[31]

 

En la Sentencia T-531 de 2007, la Corte protegió los derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social de una mujer en estado de gravidez que se encontraba vinculada a la cooperativa de trabajo asociado Maxco y asignada a la empresa Colombina S.A., quien fue despedida en razón de su embarazo. La Corte ordenó el reintegro de la accionante por considerar que:

 

(…) la vinculación a una Cooperativa no excluyen (sic) el surgimiento de una relación laboral, es decir, cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, sino para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato de la Cooperativa.

 

Esta última afirmación se sustenta en el principio de la supremacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales (art.53 C.P.) que permite establecer a partir de la existencia de los elementos de la relación laboral, la existencia del contrato de trabajo.

 

(…)

 

De las pruebas allegadas al proceso se deriva entonces que entre la accionante y la Cooperativa de Trabajo Asociado existía una relación laboral, en cuanto la accionante prestaba un servicio personal bajo la dependencia de Colombina S.A. devengando un salario mínimo[32] (Negrita del texto).

 

Posteriormente, en la Sentencia T-305 de 2009, esta Corporación concedió el recurso de amparo a una mujer vinculada a la cooperativa de trabajo asociado UNISALUD, que se desempeñaba laboralmente  como “agente comunitaria” en la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y cuyo contrato no fue renovado en razón de su estado de embarazo. La Corte señaló en esa ocasión:

 

 (…) si bien la Sala no desconoce la naturaleza, objeto y fines de las cooperativas de trabajo asociado, la ponderación integral de la información que obra en el expediente permite concluir que entre la peticionaria y la cooperativa accionada existía una relación laboral, la cual de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, pueden darse al interior de una Cooperativa de Trabajo Asociado y se rige por la legislación laboral vigente. Tal circunstancia se configura cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa accionada sino para un tercero, no obstante que la relación con este último surge por mandato de aquella.  

 

Por lo expuesto, se estima que en el convenio obrante en el expediente deben prevalecen (sic) las disposiciones de carácter laboral, bajo las cuales laboró la accionante, sobre aquellas de índole de cooperado. Por ello, de conformidad con el principio constitucional previsto en el artículo 53 de la C.P., según el cual prima la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, la Sala concluye que en el caso en estudio se configura una relación laboral dependiente y por consiguiente regida por un contrato de trabajo, luego, las relaciones jurídicas entre la actora y la cooperativa accionada no se rigen por las normas de la legislación cooperativa sino por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.[33]

 

3.5.5.2. En el mismo sentido han sido los fallos de la Corte cuando se ha protegido a personas con enfermedades que restringen su desempeño laboral. Por ejemplo, en la Sentencia T-962 de 2008, esta Corporación concedió la acción de tutela a una asociada a la cooperativa de trabajo asociado ‘Ayudamos Colombia’, que se desempeñaba como teleoperadora de un call center de la empresa ‘Atento Colombia’ y que debido a que padecía infecciones urinariasque luego se agravaron como consecuencia de que en su trabajo debía permanecer la mayor parte del tiempo sentada, fue reubicada temporalmente para posteriormente ser despedida. La procedencia del recurso de amparo se fundamentó en que:

 

(…) el análisis de los hechos que fundamentan la acción permiten concluir que entre la accionante y las cooperativas accionadas existía una relación de subordinación, y que aquella se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que hace procedente la acción de tutela interpuesta[34]

 

Posteriormente, en la Sentencia T-449 de 2010, se protegieron los derechos fundamentales de un asociado a la cooperativa COOPOUTSOURCING CTA, que padeció múltiples accidentes durante su relación de trabajo asociado y por ello había estado incapacitado y que se desempeñaba laboralmente en la empresa Minas La Vega Ltda., entidad de la que fue desvinculado con base en el argumento de presentar una baja productividad.  La Corte ordenó el reintegro del accionante y el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudadas hasta la fecha del reintegro, ya que en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, existía una relación laboral y no una relación cooperativa:

 

Así pues, efectivamente existió entre el actor y la cooperativa demandada una relación vertical que conlleva a descartar la existencia de un vínculo cooperativo de trabajo y por ende, a recurrir a las normas laborales aplicables al trabajo dependiente para el caso concreto.  En esa medida, es posible aplicar al caso concreto la protección de que trata la Ley 361 de 1997, prevista para las relaciones regidas por un contrato de trabajo o vínculo laboral dependiente. En efecto, el artículo 26 de la antedicha ley prohíbe la terminación del contrato de trabajo de una persona en razón de su limitación, garantía que de plano no es predicable de una relación originada en un acuerdo asociativo de trabajo que hace de las partes trabajadores y empleadores al tiempo.[35]

 

De igual forma, en la Sentencia T-467 de 2010, esta Corporación amparó los derechos fundamentales de un asociado a la Cooperativa de Trabajadores de Colombia, Coodesco, quien laboraba para la empresa Alimentos Cárnicos S.A., y que debido a un accidente fue incapacitado y luego despedido con el argumento de baja producción. La decisión de la Corte siguió la línea de los fallos anteriormente señalados y se reiteró la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, así:

 

(…) a pesar de tener acuerdo cooperativo con ‘Coodesco’, fue enviado por esta a prestar sus servicios personales en la empresa Alimentos Cárnicos S.A., lugar donde cumplía instrucciones y metas de ventas, y en contraprestación recibía a cargo de ‘Coodesco’ una remuneración. Puede inferirse que al existir una prestación personal del servicio por parte del señor (…), una subordinación jurídica de éste frente a ‘Coodesco’ y una remuneración por los servicios prestados, se configura un contrato laboral con todas las implicaciones constitucionales y legales en atención al principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.[36]

 

De lo anterior se observa que la vinculación a una cooperativa no excluye necesariamente el surgimiento de una relación laboral, ya que en casos como los citados, donde los empleados o empleadas estaban asociados a una cooperativa que disponía la prestación de sus servicios en otra empresa, de la cual reciben instrucciones y frente a la cual cumplen horarios[37], es predicable la existencia de un vínculo de subordinación que da lugar a la aplicación de la legislación laboral, ya que la relación del cooperado permite evidenciar la existencia de un contrato realidad, cuando se reúnen los elementos esenciales del contrato de trabajo[38].

 

3.6.         Estabilidad laboral reforzada de las personas en estado de debilidad manifiesta

 

3.6.1. El artículo 13 Superior consagra el derecho a la igualdad y establece el compromiso del Estado en cuanto a la protección especial que debe dársele a las personas que “por su condición económica, física o mental, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta”. Del mismo modo, el artículo 47 Superior se refiere a las medidas que deben adoptarse para contrarrestar la situación de debilidad manifiesta de algunas personas y al deber del Estado de adelantar políticas dirigidas a la prevención, rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.

 De esta manera emerge como forma de protección especial el reconocimiento del derecho a la estabilidad laboral reforzada de quienes se hallan en estado de debilidad manifiesta. Dicha protección encuentra su fundamento en la garantía del derecho a la igualdad de quienes dada su condición especial se encuentran expuestos a factores de discriminación, posibilitando de ese modo su inclusión en la vida social. Ahora bien, en el evento de presentarse situaciones de discriminación, se hace necesario el empleo de mecanismos jurídicos prevalentes para contrarrestarlas.

 

3.6.2. El derecho a la estabilidad laboral reforzada se predica de ciertos sujetos en atención a su condición especial, verbi gratia las personas en situación de discapacidad y las mujeres en periodo de gestación y lactancia; sin embargo, el marco de aplicación del mismo es extensivo a aquellas personas que ven afectada su salud en desarrollo de sus actividades laborales. Al respecto manifestó esta Corporación en la Sentencia T-198 de 2006:

 

Se observa que la normatividad vigente contenida en el derecho interno e internacional sobre la materia propugna una real protección de las personas con limitaciones para que éstas permanezcan en su empleo y prosperen gracias a un compromiso real y colectivo de ofrecerles la adecuada reintegración social. Sin embargo, cabría preguntarse qué sujetos deben estar protegidos por estas disposiciones. En este sentido, algunos podrían considerar que la estabilidad laboral reforzada sólo se aplica a aquellos que sufren algún grado de invalidez, tal y como lo sostuvo el accionado; sin embargo, resulta necesario definir con claridad quiénes están por éstas amparados, toda vez que la normatividad internacional y la jurisprudencia constitucional propugnan por un concepto de discapacidad más amplio. La jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de sus funcionesEn efecto, en virtud de la aplicación directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el despido de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, frente a la cual procede la tutela como mecanismo de protección. Para justificar tal actuación no cabe invocar argumentos legales que soporten la desvinculación como la posibilidad legal de despido sin justa causa. Nace el deber del empleador de reubicar a los trabajadores que, durante el transcurso del contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad física.[39] (Negritas fuera del texto).

 

Así, la garantía de protección no se restringe a quienes cuenten con una calificación porcentual de pérdida de capacidad laboral, sino que bastará con que esté demostrado que su situación del salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño en condiciones normales de sus labores, sin que sea necesaria la existencia de una calificación previa que acredite su condición de discapacidad[40].

 

De esa manera, no podrá despedirse en las mismas condiciones a un trabajador saludable, y a un trabajador que no presente un buen estado de salud, ya que se vulneraría el principio de igualdad real consagrado a nivel constitucional en el artículo 13, en el entendido de que estos trabajadores están revestidos de estabilidad reforzada. En este sentido ha manifestado esta Corporación en Sentencia T-002 de 2006 lo siguiente:

 

(…) se discrimina a un trabajador cuando el despido estuvo motivado en su estado de salud siempre que este no resulte claramente incompatible con las funciones que puedan serle asignadas por el empleador. En efecto, como lo ha reconocido la Corte terminar unilateralmente la relación laboral en razón a una limitación física del trabajador, constituye una discriminación, puesto que: ‘a las personas en estado de debilidad física manifiesta no se les puede tratar de igual manera que aquellas sanas[41].

 

Por ello para que se produzca el despido legítimo de un trabajador que padece afecciones en su salud, teniendo en cuenta que se trata de un sujeto de especial protección, es preciso que se solicite autorización al Ministerio de la Protección Social.

 

3.6.3. Finalmente, es conveniente hacer referencia al alcance del derecho a la protección laboral reforzada. Este implica no sólo el derecho a no ser despedido sin previa autorización, sino también a que, en el evento en que el despido se presente, ser reintegrado y reubicado; la Corte ha sostenido que estos derechos pueden ser protegidos mediante acción de tutela[42].  Con relación a ello, las Sentencias T-661 de 2006 y T-392 de 2008 señalan respectivamente:

 “Establecido entonces i) que en “ningún caso” la limitación de una persona puede servir de obstáculo para la permanencia en el empleo o para que el limitado físico, sensorial o psíquico acceda a una ocupación, acorde con su situación; ii) que en el proceso de reubicación del trabajador se deberán respetar sus garantías constitucionales y iii) que los discapacitados tienen derecho a contar con un ‘recurso sencillo y efectivo para obtener de los jueces o tribunales, dentro de plazos razonables, el restablecimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales’, está claro que la acción de tutela procede para resolver sobre el reintegro al trabajo de un trabajador discapacitado, despedido sin haberle permitido confrontar la decisión y sin autorización del Ministerio de la Protección Social (…)[43]

 

(…) Puede entonces observarse que cuando un trabajador sufre una disminución en su estado de salud, el empleador está en la obligación de proceder a su reubicación. Pero por otro lado, cuando ha decidido desvincularlo, debe cumplir con el procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997 y en consecuencia, debe mediar autorización de la oficina de Trabajo. De lo contrario, se presume que su despido fue hecho a causa y con ocasión de su enfermedad.”[44]

 

3.6.4. En conclusión, puede sostenerse que: primero, el derecho a la estabilidad laboral reforzada es predicable de ciertos sujetos considerando su especial condición, como lo son las personas en situación de discapacidad, las mujeres en periodo de gestación y lactancia, e incluso, aquellas personas que ven afectada su salud en desarrollo de sus actividades laborales; segundo, no puede despedirse en iguales condiciones a trabajadores saludables y a aquellos no lo son, ya que se atentaría contra el principio de igualdad real que consagra a el artículo 13 Superior, pues estos trabajadores están revestidos de estabilidad laboral reforzada; tercero, considerando que son sujetos de especial protección constitucional, para que se produzca un despido legítimo de trabajadores con afecciones en su salud, debe solicitarse autorización al Ministerio de la Protección Social; y cuarto, el derecho a no ser despedido sin previa autorización implica, en el evento de serlo, el derecho a ser reintegrado y reubicado, derechos que pueden ser protegidos mediante acción de tutela.

 

3.7.         LÍMITES DE La facultad del empleador de terminar el contrato laboral DE un trabajador con una incapacidad superior a 180 días

 

3.7.1. El Código Sustantivo del Trabajo establece en su artículo 62, modificado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, las causales de terminación unilateral con justa causa del contrato de trabajo por parte del empleador, entre las cuales se encuentra la siguiente:

 

Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:

 

a). Por parte del empleador:

 

(…) 15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.” (Negritas fuera del texto original).

 

El artículo dispone entonces que si ha transcurrido un período de incapacidad del trabajador de 180 días continuos, debido a enfermedad y sin que haya posibilidades de recuperación, se configura una justa causa para que el empleador termine unilateralmente el contrato de trabajo.

 

3.7.2. Por su parte, el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 establece la obligación del empleador de reinstalar en el empleo al trabajador una vez finalizada su incapacidad e indica que la persistencia de una incapacidad parcial no debe ser un obstáculo para el reintegro. La norma referida señala:

 

Artículo 16. Reinstalación en el empleo. Al terminar el período de incapacidad temporal, los patronos están obligados:

 

a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo para la reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo:

 

b) A proporcionar a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios.

2. El incumplimiento de estas disposiciones se considerará como un despido injustificado.” (Negritas fuera de texto).

 

         Con fundamento en estas dos disposiciones, en la Sentencia C-079de 1996, la Corte declaró exequible el literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y explicó que la norma no contraría el ordenamiento superior siempre y cuando se entienda que “al terminar el período de incapacidad temporal dentro del término de los 180 días de que trata la norma materia de revisión, el empleador está en la obligación de reinstalar al trabajador en el cargo que desempeñaba si recupera su capacidad de trabajo, de manera que la existencia de una incapacidad parcial no constituye obstáculo para la reinstalación mencionada, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo. De la misma manera, corresponde al empleador proporcionar al trabajador incapacitado parcialmente un trabajo compatible con sus aptitudes[45] (Negritas fuera del texto).

 

3.7.3. En materia específicamente de incapacidades generadas por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, la Ley 776 de 2002“Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales” y que cobija a “todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-Ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional (…)”, precisa en su artículo 8 que los trabajadores que sufren accidentes de trabajo[46] o enfermedades profesionales[47] y que han sido incapacitados de manera permanente parcial[48], deben ser reubicados en el cargo que desempeñaban o se les debe proporcionar un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuarse los movimientos de personal que sean necesarios.

3.7.4. Las anteriores disposiciones no son claras sobre si es posible la desvinculación de un trabajador que permanece incapacitado por más de 180 días. Una primera lectura de ellas pareciera indicar que la reincorporación del trabajador es una obligación del empleador solamente cuando la incapacidad termina antes del periodo de 180 días, o cuando aunque persiste después de ese lapso, la incapacidad es parcial y no impide al trabajador seguir realizando sus labores u otras similares. Sin embargo, como se indicó en la Sentencia T-118 de 2010, una interpretación armónica de la normativa citada permite concluir que la obligación de reincorporación persiste después del periodo de 180 días: primero, si el trabajador depende del empleo para subsistir, y segundo, si el despido conduciría a la exclusión del trabajador del Sistema de Salud cuando aún no ha reestablecido su salud y por ello necesita los servicios del Sistema para preservarla. Cuando estas situaciones se presentan, la Corte ha entendido que, incluso después de transcurridos 180 días de incapacidad, el empleador debe reincorporar al trabajador al empleo anterior o reubicarlo en uno que se ajuste a su nueva condición física[49]. En esta providencia la Corte afirmó:

 

 “(…) el sólo cumplimiento del período de 180 días continuos de incapacidad, no implica la terminación unilateral de contrato por justa causa por parte del empleador, es decir, tal facultad no tiene un carácter absoluto y no puede ejercerse de forma irrazonable o indiscriminada, en la medida en que a éste le corresponde reincorporar a los trabajadores que han recuperado su salud, o reubicar a aquellos que presentan incapacidades parciales, conforme con lo que médicamente se haya dictaminado[50].

 

3.7.5.  En relación específicamente con incapacidades originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, la Corte con mayor razón ha aplicado la regla sentada en la decisión antes citada. Por ejemplo, en la Sentencia T-853 de 2006, la Corte se pronunció con respecto a la acción de tutela interpuesta por un trabajador que en desarrollo de sus actividades laborales sufrió un accidente que le ocasionó “Trauma Severo en Mano Derecha con Amputación Parcial del Tercer Dedo, Fractura del Segundo Dedo, Lesión de Tendones del 2 y 5 Dedo, Trauma de Tejidos Blandos Tardío”, por lo que fue incapacitado ininterrumpidamente por 250 días y calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 38.60%, y quien había sido despedido con supuesto fundamento en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta Corporación amparó los derechos conculcados y ordenó el reintegro o reubicación del accionante, por considerar lo siguiente:

 

En ese orden de ideas, es claro para la Sala que en el caso del accidente de trabajo del tutelante se configura una incapacidad permanente parcial, en los términos del artículo 5° de la Ley 776 de 2002, la cual por demás fue determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con un porcentaje del 38.60 %, declaración que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Ibídem ‘se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, con sus actuales fuerzas, capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad.’

 

De otra parte, cabe reiterar como quedó establecido en los apartes precedentes de esta providencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8° de la citada ley, existe una obligación a cargo del empleador consistente en situar al trabajador que ha sufrido una incapacidad permanente parcial una vez haya finalizado el período de la misma, en el cargo que desempeñaba anteriormente o por lo menos reubicarlo en otra plaza compatible con sus capacidades y aptitudes, autorizándolo incluso para ello, a realizar los movimientos de personal que sean necesarios.

 

En ese sentido, advierte la Sala que en el caso sub-exámine no obstante, existir las garantías legales antes referidas, éstas fueron desconocidas por parte de la empresa empleadora(…), quien en lugar de efectuar el respectivo reintegro o la reubicación del señor (…) a su lugar de trabajo, consideró que las incapacidades concedidas al trabajador por más de ciento ochenta (180) días, constituían una justa causa para dar por terminada la relación laboral en los términos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; sin tener en cuenta que i)las mismas se dieron como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido con ocasión de la prestación personal del servicio a favor de dicha empresa, ii) que el trabajador a la fecha en que ocurrió el siniestro formalmente no se encontraba afiliado a una entidad Administradora de Riesgos profesionales, y iii) desconociendo que existe una obligación legal de solicitar a la ‘oficina de trabajo’ el respectivo permiso con el fin de desvincular a un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo, y que como consecuencia de ello ha perdido un porcentaje de su capacidad laboral, puesto que se trata de sujetos de especial protección constitucional y respecto de los cuales se predica una estabilidad laboral reforzada.[51] (Negritas fuera del texto).

 

Posteriormente, en la Sentencia T-062 de 2007, la Corte amparó los derechos a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada de un trabajador que había sido despedido por encontrarse incapacitado por más de 180 días, debido a un accidente de trabajo que le representó una disminución del 10.65% de su capacidad laboral. En esa oportunidad se ordenó el reintegro del trabajador, ya que en los eventos en donde la disminución de la capacidad laboral es inferior al 50%, el empleador no puede hacer uso de la cláusula contenida en el numeral 15° del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Señaló esta Corporación en esa ocasión:

 

(…) la incapacidad permanente parcial es una merma definitiva de la capacidad de trabajo que oscila entre el 5% y el 49%. Al tenor del artículo 7° de la Ley 776 de 2002, el trabajador que sufra una incapacidad permanente parcial tiene derecho a recibir una indemnización a cargo de la Entidad administradora de riesgos profesionales que varía entre 2 y 24 salarios base de liquidación. Esta indemnización ha sido establecida con el objetivo de resarcir la mengua de la capacidad laboral sufrida por el trabajador, teniendo presente que éste conserva intacta al menos la mitad de su fuerza de trabajo por lo que, en principio, cuenta con las aptitudes requeridas para reincorporarse al mercado laboral. Ahora bien, en aras de asegurar la inclusión laboral del trabajador que padece tal incapacidad y, particularmente, con la intención de alcanzar el objetivo idéntico que inspira la obligación de reubicación en el caso de la incapacidad temporal, el trabajador que presente una incapacidad permanente parcial, tiene derecho a ser ubicado en el cargo que desempeñaba y en caso de no ser posible debido a la limitación física, el empleador deberá proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, en cuyo caso deberá realizar los movimientos de personal que sean requeridos.[52] 

 

Luego, en la Sentencia T-852 de 2008, esta Corporación protegió los derechos  de un trabajador que padecía “Hidrocele grado II, Varicocele izquierdo grado II, esperma tócele izquierdo” y quien fue incapacitado laboralmente por un período superior a 180 días. Después de culminado el periodo de 180 días, la empresa para la que trabajaba decidió despedirlo, sustentando dicha actuación en el numeral 15° del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Si bien en dicho caso la Corte señaló que el accionante no padecía una enfermedad profesional, precisó en la parte motiva lo siguiente:

 

Para el caso de los empleados que han sufrido un accidente de trabajo y que como consecuencia de ello han tenido una incapacidad de 180 días o más, es necesario determinar en qué grado se produjo con el fin de determinar cuál será la medida que deba adoptar el empleador, tal y como se indicará:

 

1.  Si se trata de  una incapacidad que comprometa un porcentaje superior al 50% de su capacidad laboral, corresponderá a la Administradora de Riesgos Profesionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, que reconozca y pague la pensión de invalidez conforme a las normas que para el efecto se han proferido. En este evento, el empleador puede dar por terminada la relación laboral de conformidad con el numeral 15, literal A), del artículo 63 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

2.  En los casos en los que se encuentre comprometida la capacidad laboral del empleado en un porcentaje inferior al 50%, como consecuencia del accidente de trabajo y que se haya producido una incapacidad permanente parcial, el empleador debe proceder a la reincorporación del empleado (artículo 8 de la Ley 776 de 2002, en concordancia con la Ley 100). En este caso, el empleado podrá reclamar además, y por una única vez, la indemnización compensatoria de la disminución de su capacidad laboral ante el sistema de riesgos profesionales.

 

3.     En los casos en los que no se encuentre comprometida la capacidad laboral del empleado, al momento de su recuperación, el empleador debe reincorporar al empleado en el cago que venía desempeñando (artículo 4 de la Ley 776 de 2002, en concordancia con la Ley 100).[53] (Negrita fuera del texto original).

 

Finalmente, en la Sentencia C-1141de2008, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 7 de la Ley 776 de 2002, la Corte señaló:

 

Las garantías a los trabajadores incapacitados permanentes parciales, no son únicamente las contenidas en los artículos 7° y 8° de la Ley 776 de 2002. Como se ha dicho, el citado artículo 8° dispone que los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán incluso efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. Ahora bien, frente a ello y ante la renuencia o imposibilidad de reubicación, sólo procedería el despido con autorización del Inspector de Trabajo, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y de la sentencia C-531 de 2000, que declaró exequible la posibilidad del mencionado despido bajo la condición de que Inspector de Trabajo certifique que éste fue por justa causa.[54]

 

3.7.6. En conclusión, puede sostenerse que: primero, al interpretar los artículos 7 y 16 del Decreto 2351 de 1965, debe entenderse que aunque el período de incapacidad del trabajador se extienda por más de 180 días continuos, al empleador le corresponde reintegrar al trabajador en el cargo que ocupaba una vez se recupere, o reubicarlo en caso de que continúe incapacitado parcialmente; segundo, la Ley 776 de 2002, precisa dicha protección con respecto a los trabajadores con incapacidad permanente parcial ocasionada por accidente de trabajo o enfermedad profesional; y tercero, la desvinculación de un trabajador con incapacidad permanente parcialsólo procede si se cuenta con autorización del Ministerio de la Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997[55]Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones” y de la Sentencia C-531 de 2000 que declaró la exequibilidad del mismo.

 

3.8.         LA FIGURA DE LA SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR

 

El artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo define la figura de la sustitución de empleador como “todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios”.

 

3.8.1. En efecto, cuando se constata: primero, un cambio de empleador y segundo,  la continuidad de la empresa, se debe amparar a los trabajadores contra una terminación intempestiva de los contratos laborales, claro está, mientras no haya causa jurídica que fundamente su despido[56]. Al respecto, esta Corporación, sostuvo en la Sentencia T-395 de 2001:

 

En la legislación colombiana, se estableció la sustitución patronal desde 1935 (artículo 27 del decreto 652 de tal año), reglamentario de la ley 10 de 1934, que dijo: ‘Para los efectos de la ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u ocupaciones  con las variaciones naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño’. Posteriormente,  el inciso 3° del artículo 8° de la ley 6ª de 1945 estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue  los contratos de trabajo. Esta ley fue desarrollada por el decreto 2127 de 1945 que en su artículo 53 definió la sustitución de patronos como ‘toda mutación  del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración delegada o por otras causas análogas’. Posteriormente se expidió la ley 64 de 1946 en el mismo sentido. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67 indicó que ‘Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad  del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones en el giro de sus actividades o negocios’, y es perentoria la determinación del artículo 68: ‘La sola sustitución  de patronos no extingue, suspende, ni modifica los contratos de trabajo existentes’.

 

El profesor Guillermo González Charry al comentar este artículo dice que ‘El artículo 68 establece, siguiendo este criterio, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende o modifica los contratos de trabajo existentes;  es decir, que  lo que se ha querido establecer es una desconexión completa entre la suerte de los trabajadores y las operaciones financieras o mercantiles  que puedan ocurrir en relación con la empresa. No siendo parte en la negociación, los trabajadores tampoco pueden ser sus víctimas’ (Derecho del Trabajo, p. 231).[57] (Negritas fuera de texto).  

 

3.8.2. Además de lo anterior, está Corporación ha señalado que los procesos de sustitución del empleador de entidades, bien sean públicas o privadas, se deben adelantar sobre la base prevalente del respeto de la dignidad de los trabajadores, de su estabilidad y a sus derechos irrenunciables. Tal fue la posición que se sostuvo en la Sentencia T-321 de 1999:

 

En la revisión de los casos sub lite, la Corte Constitucional partirá de criterios reiterados en su jurisprudencia, relativos a la intangibilidad de los derechos fundamentales de los trabajadores y del postulado constitucional que exige condiciones dignas y justas en toda relación laboral, los cuales deben permanecer incólumes en el curso de cualquier proceso de privatización, reorganización, reestructuración, transformación y cambio de estatutos en entidades públicas, y en la sustitución patronal que se produzca en toda clase de establecimientos, públicos o privados, y por supuesto en los de las empresas de servicios públicos.[58] (Negritas fuera del original).

 

3.8.3. Lo anterior guarda relación con los artículos 53 Superior que consagra los derechos inalienables e indisponibles de los trabajadores frente a cualquier empleador, y el 25 Superior que establece la protección especial que debe brindar el Estado a las distintas modalidades laborales, lo que impide que, con la excusa del cambio de propietarios de las empresas, tales derechos sean disminuidos, afectados o desconocidos[59].

 

3.8.4. En la Sentencia T-768 de 2005, la Corte precisó que en los eventos en los que el reintegro laboral se pretende en una nueva empresa, con respecto a la cual se sostiene que sustituyó al antiguo empleador, es necesario verificar la ocurrencia del fenómeno de la sustitución patronal. En principio, corresponde a la jurisdicción laboral, de acuerdo a las particularidades fácticas de cada asunto, determinar si se ha presentado la sustitución de empleador y, en consecuencia, disponer en relación con el reintegro solicitado[60].

 

Sin embargo, cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional como las mujeres en estado de gestación y lactancia, las personas con discapacidad o que han sufrido afecciones en su salud en el desarrollo de sus actividades laborales, en atención a la situación de debilidad manifiesta en que estos se encuentran y con el propósito de brindar una garantía efectiva de la protección a los derechos vulnerados, puede efectuarse la verificación de la configuración de la sustitución del empleador en sede de tutela, ya que en estos casos el procedimiento ordinario no resulta ser el más idóneo.

 

3.9.         CASO CONCRETO

Corresponde a esta Sala determinar si en el presente asunto procede la acción de tutela instaurada por Lilia Maritza Pradilla, mediante la cual pretende que sean amparados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y a la seguridad social y, en consecuencia, se ordene su reubicación por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado San José de Cúcuta (COOPSANJOSE), la cual sostiene que dada la finalización del contrato que vinculaba a la cooperativa con Caprecom, en ese entonces administrador de la clínica donde la tutelante prestaba sus servicios, no hay lugar a que se lleve a cabo (cd.1, fl.9 y 10).

3.9.1. En este caso se presentan todos los elementos de una relación laboral. Procedencia de la acción de tutela

3.9.1.1. Como se indicó en apartes previos,con fundamento en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la Corte ha precisado que la procedencia de la acción de tutela frente a particulares está condicionada a que se demuestre la existencia de una relación de subordinación o indefensión entre el accionante y el accionado, entre otros eventos.

 3.9.1.2. En el presente caso, la Corte observa que entre la demandante y la I.P.S. Caprecom, gracias a la intermediación de COOPSANJOSÉ, existe una relación de trabajo que hace procedente la acción de tutela bajo la causal de subordinación.

En efecto, la accionante celebró un acuerdo cooperativo con COOPSANJOSE, en virtud del cual prestaba sus servicios personales, primero, para la E.S.E. Francisco de Paula Santander que fue liquidada y, posteriormente, para la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta, entidad que administraba la Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta, en la que desarrollaba funciones de auxiliar de oficina (cd.1, fl.1). No obstante la existencia de un vínculo cooperativo, para la Sala puede afirmarse que Lilia Maritza Pradilla tenía una relación laboral con la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta gracias a la intermediación de COOPSANJOSE, por las siguientes razones:

En primer lugar, en su trabajo para la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta, la tutelante cumplía instrucciones impartidas por la propia I.P.S.

En segundo lugar, por el tipo de funciones que desarrollaba -funciones de oficina y secretaria (cd.1, fl.1)- puede deducirse que cumplía un horario.

Por último, aunque la remuneración le era pagada por la cooperativa, la accionante prestaba servicios personales a la I.P.S., quien pagaba por los servicios prestados a la cooperativa.

De lo anterior puede inferirse que, de conformidad con el principio de primacía de la realidad sobre las formas, existía una auténtica relación de trabajo con cada una de sus implicaciones constitucionales y legales, entre al demandante y la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta, auspiciada por la cooperativa accionada. Ciertamente, en este caso: primero, existía una prestación personal del servicio por parte de Lilia Maritza Pradilla; segundo, una subordinación a la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta; y tercero, una remuneración por los servicios prestados aunque fuera pagada por la cooperativa.

3.9.1.3. Por lo anterior, la Sala considera que tanto la cooperativa de trabajo asociado como la entidad para la cual la demandante prestaba sus servicios infringieron la prohibición legal establecida en el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006 y los lineamientos establecidos por esta Corporación, es decir, la prohibición de simular una relación laboral.

3.9.1.4. En resumen, la Sala concluye que la tutela en el presente caso es procedente por existir una relación de subordinación frente a los particulares demandados.

 

3.9.2. Pese a que la incapacidad de la actora se prolongó por más de 180 días, la cooperativa y la I.P.S. accionadas debieron reubicar a la tutelante una vez su médico tratante consideró que podía reincorporarse a la actividad laboral

 

Siguiendo la línea jurisprudencial reseñada en apartes previos y teniendo en cuenta que en realidad existía una relación laboral entre la tutelante y la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta, esta última y su intermediaria COOPSANJOSE debían haber reubicado a Lilia Maritza Pradilla en un cargo que se adecuara a su nueva situación física, una vez terminaron las incapacidades dictaminadas por su médico tratante, aunque éstas se hubieran extendido por un periodo mayor a 180 días. En efecto, en el presente caso la Sala observa que se presentan las condiciones fijadas por la jurisprudencia para que proceda el reintegro de la accionante.

 

3.9.2.1. En primer lugar, aunque el período de incapacidad de un trabajador se extienda por más de 180 días, el empleador tiene la obligación de reintegrarlo una vez se haya recuperado, o la de reubicarlo, en el evento en que continúe incapacitado parcialmente. En el presente caso, la accionante debía ser reubicada, pues no obstante haber estado incapacitada por 365 días (cd.1, fl.20 / cd.3, fl.55), le fue diagnosticada una incapacidad parcial permanente como consecuencia de una enfermedad profesional -síndrome del túnel carpiano bilateral de predominio derecho- (cd.1, fl.5 y 6) y teniendo en cuenta ese hecho no podía ser desvinculada de su cargo. 

 

3.9.2.2. En segundo lugar, en tratándose de trabajadores que presentan unaincapacidad permanente parcial, solo podrán ser desvinculados por parte del empleador, si cuenta con autorización del Ministerio de la Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997[61] y de la Sentencia C-531 de 2000 que declaró la exequibilidad del mismo. De manera que, en el asunto sub examine, no era válido el despido de la accionante, pues como se verá más adelante, no se obtuvo autorización por parte del Ministerio de la Protección Social ni del juez laboral.

 

3.9.3. En el presente caso se vulneraron los derechos fundamentales de la actora y por ello es procedente ordenar el reintegro mediante fallo de tutela

 

Como se explicó en acápites anteriores, la jurisprudencia constitucional concibe como regla general la improcedencia de la acción de tutela como mecanismo principal para solucionar controversias de índole laboral, relacionadas con la estabilidad laboral reforzada. Empero, también ha manifestado que cuando se está frente a sujetos que dada su condición especial se hallan en estado de debilidad manifiesta, la posición constitucional cambia. Eso ocurre en el caso de personas con discapacidad o que presentan afecciones en su salud que restringen su capacidad laboral.

Sin embargo, para que se pueda conceder el amparo en estos casos y ordenar mediante fallo de tutela el reintegro se precisa la configuración de tres aspectos:

(i) que el peticionario pueda considerarse una persona discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta; (ii) que el empleador tenga conocimiento de tal situación; y, (iii) que el despido se lleve a cabo sin permiso del Ministerio de la Protección Social.[62]

 

Estos elementos están presentes en este caso, como a continuación se demuestra:

 

3.9.3.1. Lilia Maritza Pradilla fue incapacitada a partir del 30 de octubre de 2007, ya que presentó “síndrome del túnel carpiano derecho severo y epoconditis lateral derecha” (cd.1, fl.1 y 2). El 05 de junio de 2008, el diagnostico fue confirmado por el Dr. Luis Ramón Sandoval -médico adscrito la I.P.S. Caprecom-, quien le recomendó que solicitara reubicación en un área de trabajo en la que no realizara labores repetitivas con las manos (cd.1, fl.1 y 2). Teniendo en cuenta las pruebas aportadas, queda claro que la accionante ha visto disminuida su capacidad laboral dada la afección física que padece.

 

La debilidad manifiesta de la accionante también se deriva del hecho de que el 13 de junio de 2008, falleció su esposo, Ángel Botello Gómez, quien hasta ese entonces había asumido los gastos por concepto de vivienda y educación de sus hijos, por lo que actualmente su situación económica es critica, ya que no cuenta con los recursos económicos para mantener a su familia (cd.1, fl.11). En esa medida puede sostenerse que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y, por ende, en estado de debilidad manifiesta.

 

3.9.3.2. Con respecto al conocimiento del empleador sobre el estado de salud de la accionante, es claro que COOPSANJOSE y la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta estaban informados sobre su incapacidad y pérdida de capacidad laboral (cd.3, fl.82 y 83), ya que una vez efectuado el diagnostico definitivo por parte de la Junta Regional de Calificación de Norte de Santander (cd.1, fl.3 y 4), la Nueva E.P.S., I.P.S. UMOI emitió un oficio mediante el cual informó que desde el 12 de febrero de 2009, se le diagnosticó a Lilia Maritza Pradilla una pérdida del 22.26% de su capacidad laboral, para que así, habiendo terminado el proceso por medicina laboral, se procediera a su reubicación (cd.1, fl.8). Pese a lo anterior, COOPSANJOSE y la I.P.S. no acataron la recomendación de reubicarla, sosteniendo al respecto que no contaban con un cargo que pudieran asignarle.

 

3.9.3.3. En relación con el tercer requisito, esta Corporación reiteradamente ha señalado que cuando se trata de la desvinculación de mujeres en estado de gravidez, trabajadores aforados y personas con discapacidad, “es requisito sine qua non para terminar la relación laboral, que previamente la autoridad administrativa o un juez de la república, autorice previamente tal determinación. En caso de que se omita este presupuesto, y por tratarse de sujetos de especial protección constitucional la Corte considera procedente su solicitud de reintegro en sede de tutela.[63]

 

En el presente caso, COOPSANJOSE solicitó autorización al Ministerio de la Protección Social para desvincular a Lilia Maritza Pradilla (cd.1, fl.39-41); sin embargo, dicha autorización nunca se otorgó porque el Ministerio se declaró incompetente (cd.3, fl.30-32). Ahora bien, pese a lo anterior, la desvinculación no debió producirse, ya que ante la omisión del Ministerio, la cooperativa y la I.P.S. debieron haber acudido al Juez Laboral, según al jurisprudencia constitucional.

 

De cualquier manera, es reprochable la actuación omisiva del Ministerio de la Protección Social, pues como autoridad en materia laboral, debió analizar a profundidad el vínculo existente y determinar si efectivamente se trataba de una relación cooperativa o de naturaleza laboral.

 

3.9.4. COOPSANJOSE y la I.P.S. Caprecom deben responder solidariamente por el reintegro y los demás pagos a los que tiene derecho la accionante.

 

         La cooperativa como intermediaria y la I.P.S. como empleadora son responsables solidariamente del reintegro y las indemnizaciones y otros pagos a los que haya lugar.

 

En consecuencia, la conducta desplegada por la accionada vulnera los derechos fundamentales al trabajo digno y la seguridad social, ya que con la misma pretendían distorsionar una relación laboral existente y así evadir las obligaciones y responsabilidades propias de la legislación laboral, sin tener en cuenta el estado de debilidad manifiesta de la accionante por efecto de su pérdida de capacidad laboral, y la consecuente estabilidad laboral reforzada que de la misma se deriva. De modo que al haber una empresa de intermediación laboral, aunque no tenga un contrato directo de trabajo con Lilia Maritza Pradilla, la cooperativa es responsable solidariamente[64] junto a la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta por las obligaciones que se derivan de la desvinculación de la actora[65].

 

3.9.5. Configuración de una sustitución de empleador. La E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz es responsable del reintegro en el presente caso

 

En el caso sub examine, teniendo en cuenta: primero, la existencia de una relación laboral que vinculaba a la accionante con la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta en virtud de la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, y segundo, que el nuevo administrador de la Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta es la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz; puede sostenerse que se presentó una sustitución de empleador, pues la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz reemplazó a la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta como nuevo administrador de la Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta.

 

En efecto, en el presente caso se reúnen los requisitos de sustitución de empleador, teniendo en cuenta que: primero, aunqueen principio quien ostentaba la posición de empleador era la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta, una vez dada la adquisición de la Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta por parte de su nuevos propietarios, es decir, la Universidad de Pamplona en asocio con la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, la administración de la misma fue asignada a la  E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz; segundo, la finalidad del empleador ‘sustituyente’ es la misma que la del empleador sustituido, es decir, la administración y prestación de servicios en las instalaciones de la  Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta; y tercero, no se aseguró la continuidad de la trabajadora, ya que está fue desvinculada sin contar con autorización del Ministerio de la Protección Social o de un Juez Laboral, pese a que ha presentado pérdida de capacidad laboral y que dada su situación es una persona en estado de debilidad manifiesta.

 

Por las anteriores razones, estima la Sala que se configuró la figura de la sustitución de empleador. En consecuencia, considerando que la sustitución no extingue, suspende o modifica las relaciones laborales existentes, la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz deberá responder solidariamente junto a COOPSANJOSE por la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.

 

3.9.6. Necesidad de compulsar copias

          Dado que es clara la existencia de un contrato realidad,  la responsabilidad solidaria  de COOPSANJOSE y la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, frente a las consecuencias que se derivan de la relación laboral que existe, que además  las cooperativas de trabajo asociadas están sometidas a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia Solidaria y que COOPSANJOSE llevó a cabo una actividad de intermediación laboral, que es a su vez, causal de disolución y liquidación, la Sala considera pertinente compulsar copias ante esta Superintendencia para que se adelanten las investigaciones debidas.   

 

3.9.7. La decisión y las órdenes

En conclusión, la sala considera que el fallo emitido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta, en Sentencia de nueve (09) de febrero de 2010, debe ser revocado y en su lugar debe concederse la protección a los derechos fundamentales de la accionante. En consecuencia, se ordenará a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reintegre a Lilia Maritza Pradilla a un cargo que no genere riesgo para su salud, atendiendo a su diagnóstico, y responda de manera solidaria junto a COOPSANJOSE por el pago de todos los salarios, compensaciones y prestaciones sociales causadas y no pagadas, desde el momento del despido hasta el reintegro efectivo de Lilia Maritza Pradilla. También se compulsarán copias a la Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio de la Protección Social para que, de acuerdo con sus competencias, inicien una investigación contra la cooperativa de trabajo asociado COOPSANJOSE con el  objetivo de determinar  si ésta ha infringido las normas que regulan la organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, en particular, las disposiciones relativas a la prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales.

 

4. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: LEVANTAR la suspensión de términos decretada por la Sala en Auto del 27 de octubre  de 2010.

 

SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta, el nueve (09) de febrero de 2010. En su lugar,  CONCEDER, por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo a los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social de Lilia Maritza Pradilla, vulnerados por la cooperativa de trabajo asociado COOPSANJOSE y la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, de manera solidaria.

 

TERCERO: ORDENAR a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz a través de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia reintegre a Lilia Maritza Pradilla, a un cargo que no constituya un riesgo para su salud atendiendo a su diagnóstico.

 

CUARTO: ORDENAR a la cooperativa de trabajo asociado COOPSANJOSE y a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, que de manera solidaria, efectúen el pago de todos los salarios y prestaciones sociales y compensaciones dejadas de percibir, así como los aportes a la seguridad social correspondientes a salud y pensión de la accionante.

 

QUINTO: Mediante Secretaría General, COMPULSAR copias a la Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio de la Protección Social para que, de acuerdo con sus competencias, inicien una investigación contra la cooperativa de trabajo asociado COOPSANJOSE con el  objetivo de determinar  si ésta ha infringido las normas que regulan la organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, en particular, las disposiciones relativas a la prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales.

 

SEXTO: Líbrense por la Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

Con salvamento de voto

 

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

Sentencia T-381/11

 

Referencia: expediente T-2935170.

 

Acción de tutela instaurada por Álvaro Ruiz Patiño, contra el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga.

 

Procedencia: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga.

 

Magistrado Ponente:

NILSON PINILLA PINILLA.

 

 

Bogotá, D. C., trece (13) de mayo de dos mil once (2011).

 

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

  

SENTENCIA

  

En la revisión del fallo único de instancia proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro de la acción de tutela instaurada por Álvaro Ruiz Patiño, contra el Juzgado Décimo Civil Municipal de la misma ciudad.

 

El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el referido despacho judicial, en virtud de lo ordenado por el inciso final del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991; el 9 de febrero de 2011, la Sala N° 1 de Selección lo eligió para revisión.

 

I. ANTECEDENTES.

 

El ciudadano Álvaro Ruiz Patiño promovió acción de tutela en noviembre 18 de 2010, contra el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga, para reclamar sus derechos “a la dignidad, a la vida, al mínimo vital”, según los hechos que a continuación son resumidos.

 

A. Hechos y relato contenido en la demanda.

  

El actor Álvaro Ruiz Patiño, “de la tercera edad”,percibe pensión por el equivalente de un salario mínimo legal mensual vigente, que le fue embargada por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga. Afirmó que esa pensión es fuente únicade subsistencia suya y de su hija Lina Marcela Ruiz Puentes, de 22 años de edad, que sufre retardo mental moderado (fs. 3 y 4 cd. inicial).

Por tal embargo se le ha desmejorado su situación de vida, teniendo que asumir deudas para poder vivir dignamente y pagar sus gastos (f. 6 ib.).

  

B. Documentos relevantes allegados en copia al expediente.

  

1. Registro civil de nacimiento de Lina Marcela Ruiz Puentes (f. 3 ib.).

  

2. Comprobante de pago de noviembre 2 de 2010, expedido por “Seguro Social Pensiones”, donde se lee “valor pensión $515.000”; “10° Civil Mpal $257.500”; “Saludcoop $61.800”, con total deducido de $319.300 y “neto a pagar $195.700” (f. 1 ib.).

 

3. Comprobante de evolución del Hospital Occidente de Kennedy, III Nivel, de fecha 6 de agosto de 2009, sobre la paciente Lina Marcela Ruiz Puentes, con diagnóstico de retardo mental moderado, “a cuantificar” (f. 4 ib.).

 

4. Contrato de arrendamiento de vivienda urbana en Bucaramanga, suscrito como arrendatario por Álvaro Ruiz Patiño, octubre 13 de 2010, por un año, canon mensual $270.000 (f. 5 ib.).

 

C. Trámite procesal.

  

En noviembre 22 de 2010, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga admitió la acción y ordenó vincular a la Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad y al señor Antonio Vicente Ayala, quienes hicieron parte del proceso ejecutivo singular cursado en el Juzgado 10° Civil Municipal de la misma ciudad, solicitándoles que en el término de un día se pronunciaran sobre los hechos que dieron origen a la acción y allegaran las pruebas que consideraren pertinentes (f. 13 ib.).

  

Por su parte, mediante auto de mayo 5 de 2011, en el trámite de esta revisión se dispuso vincular al Instituto de Seguros Sociales (Pensiones), en cuantopodría resultar afectado por la decisión a tomar dentro de la presente acción.

 

D. Respuesta del Juzgado Décimo Civil  Municipal de Bucaramanga.

 

Mediante escrito presentado en noviembre 25 de 2010, el respectivo Juez manifestó que le “correspondió por reparto el proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, radicado bajo el N° 0749-2010, instaurado por Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad…, en contra de Antonio Vicente Ayala y Álvaro Ruiz Patiño”.

 

Señaló que “revisado nuevamente el expediente se observa que en el cuaderno principal el día 03 de septiembre de 2010 este despacho libró mandamiento de pago en contra de los señores ANTONIO VICENTE AYALA y ÁLVARO RUIZ PATIÑO y que el día 2 de noviembre del 2010 se notificó personalmente el señor ANTONIO VICENTE AYALA y el día 5 de noviembre del 2010 se notificó personalmente el señor ÁLVARO RUIZ PATIÑO, los cuales no propusieron excepciones dentro del término legal”.

  

Aclaró que la medida cautelar se tomó de conformidad con el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, ordenándose el embargo del “50% de la pensión que devengaban los señores… como pensionados del Instituto de Seguro Social”, porcentaje que solo aplica “en los casos en que el deudor es asociado o en razón a actos cooperativos, entendidos como aquellos realizados entre los asociados y sus cooperativas… se aportó prueba junto con la demanda, de que los demandados ANTONIO VICENTE AYALA y ÁLVARO RUIZ PATIÑO son asociados de la Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad”. Así, solicitó negar la tutela (fs. 19 a 21 ib.).

 

E. Respuesta de la Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad.

 

El representante legal de esa Cooperativa reafirmó el adelantamiento de un proceso ejecutivo contra Antonio Vicente Ayala y Álvaro Ruiz Patiño (aquí accionante), conocido por el Juzgado 10° Civil Municipal de Bucaramanga, ejerciéndose “derechos constitucionales y legales, sin desconocer en ningún momento los del actor”, todo con sujeción al ordenamiento jurídico y en desarrollo de “los acuerdos contractuales a que se obligó el tutelante”.

 

Estimó que frente a la práctica de embargos (medidas cautelares) sobre las pensiones, la ley determinó que se permite “hasta por el cincuenta por ciento (50%) del salario…, conforme al artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 142 a 144 de la Ley 79 de 1988” (fs. 22 a 25 ib.).

 

Así mismo, expresó que el aquí accionante no puede desconocer las obligaciones que le asisten como deudor y que el tema ya fue objeto de análisis en la jurisdicción competente.

 

F.  Fallo único de instancia.

 

Mediante providencia de diciembre 2 de 2010, que no fue impugnada, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga negó el amparo solicitado, al considerar que el ejecutante actuó “en su derecho a ejercer el cobro coactivo de una obligación impagada”, habiéndose notificado “en debida forma a los demandados y estos guardaron silencio en las oportunidades legales, venciendo para ello los términos de contradicción y defensa frente las (sic) actuaciones, y el juzgado accionado cumplió cabalmente con la norma reguladora de la materia y no deviene falencia alguna en el proceso”.

  

Así, la tutela se torna improcedente, máxime cuando no la invocó como mecanismo transitorio, “el que de todos modos no procedía”; afirmó además que no existe “mecanismo que permita desobligarlo de la obligación legalmente adquirida y a la cual se obligó personalmente” (sic). Concluyó afirmando que la tutela no es el medio idóneo para definir la pretensión del demandante (fs. 38 a 48 ib.).

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

 

Primera. Competencia.

 

Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, el fallo proferido dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Segunda. Lo que se analiza.

 

Debe esta Sala de Revisión determinar si se ha vulnerado algún derecho fundamental del señor Álvaro Ruiz Patiño por parte del Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga, en cuanto ordenó el embargo del 50% de la pensión del accionante, para cubrir una obligación vigente con la Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad, medida preventiva que se habría tomado sin tener en cuenta lo estipulado en el artículo 3° del Decreto 994 de 2003.

 

Por lo anterior, el actor considera vulnerados sus derechos “a la dignidad, a la vida, al mínimo vital”, en la medida en que la suma que recibe, después de descuentos, no le alcanza para su propia manutención ni la de su hija, afectada por retardo mental moderado.

 

Tercera.  La pensión de vejez es inembargable, salvo excepciones.

 

La Ley 100 de 1993, numeral 5° del artículo 134, señala que las prestaciones garantizadas por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones tienen el carácter de inembargables, “cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos de pensiones alimenticias o crédito a favor de cooperativas”.

 

Por su parte, el artículo 344 del Código Sustantivo de Trabajoestablece que las pensiones sociales son inembargables, cualquiera sea su cuantía, con excepción de las provenientes de créditos a favor de las cooperativas legalmente autorizadas y de “las pensiones alimenticias”, pero “el monto del embargo o retención no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor de la prestación respectiva”[1].

 

Al respecto, en sentencia T-183 de mayo 7 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, esta corporación expuso:

 

“Los recursos que se asignan al pago de las mesadas pensionales tienen, entonces, una destinación específica ordenada por la propia Constitución y, en consecuencia, sobre la finalidad que cumplen no puede hacerse prevalecer otra, como podría ser la de asegurar la solución de las eventuales deudas a cargo del pensionado.

 

Se trata de dineros que, si bien hacen parte del patrimonio del beneficiario de la pensión, no constituyen prenda común de los acreedores de aquél, pues gozan de la garantía de inembargabilidad, plasmada como regla general y vinculante, con las excepciones legales, que son de interpretación y aplicación restrictiva.”

 

Igualmente, en sentencia C-589 de diciembre 7 de 1995, M. P. Fabio Morón Díaz, se declaró exequible el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo, referido a la posibilidad de embargar a favor de cooperativas legalmente autorizadas hasta el 50% del salario, considerando que en razón a su naturaleza y fines esas entidades gozan de especiales prerrogativas, tal como se deriva de los artículos 58 y 333 de la Constitución,  atinentes a las formas asociativas y solidarias de gestión económica.

 

Así, aunque se trate de una preceptiva expedida con anterioridad a la promulgación de la Constitución vigente, no sólo se ajusta al nuevo ordenamiento superior sino que corresponde a la intención expresa del constituyente de 1991, que estimó necesario promover, fortalecer y proteger las organizaciones de economía solidaria, dada su importancia y eficacia para el logro de los propósitos de una sociedad más justa, solidaria y equitativa.

 

Es claro entonces que media una autorización, que posibilita embargar ingresos de origen laboral, incluidas las pensiones, sin exceder el 50%, cuando a ello hubiere lugar, en desarrollo de la interrelación social que implica obligaciones para ambas partes.

 

[1] Con todo, de las disposiciones antes mencionadas se desprende que si bien puede amortizarse con derechos laborales un crédito a favor de una cooperativa autorizada, no se ha de exceder del 50% de la retribución percibida por el deudor, lo cual tiene razón de ser en que no se prive al ser humano de su medio de subsistencia[2]. Ante ello, el Decreto 994 de 2003 establece en su artículo 3° (no está en negrilla en el texto original):

 

“Artículo 3°.  En cuanto al monto del descuento se aplicarán las normas que para el efecto se aplican a los salarios.

 

Los descuentos realizados sobre el valor neto de la mesada pensional, esto es, descontando el aporte para salud y a las cajas de compensación familiar, incluyendo los permitidos por la ley laboral, podrán efectuarse a condición de que el beneficiario reciba efectivamente no menos del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional.”

 

Se concluye entonces, que debido a la protección especial que ampara a los pensionados, como personas de edad avanzada, titulares de especiales derechos de rango constitucional, entre ellos el mínimo vital propio y de sus familias, no es viable, ni siquiera con autorización expresa del mismo pensionado, aplicar descuentos más allá de lo permitido por la ley. Los respectivos pagadores deben propiciar que tales disposiciones se cumplan y que no resulten vulnerados derechos fundamentales.

 

Por último, si a una persona se le ha reconocido como pensión el equivalente de un salario mínimo legal mensual vigente, que para 2011 asciende a $535.600, se deben efectuar primero los descuentos de ley y posteriormente sí, al valor neto, aplicar la deducción máxima y excepcional hasta el 50%, para el cumplimiento de obligaciones por alimentos o con una cooperativa autorizada.

 

Cuarta. Protección al mínimo vital, especialmente frente a pensionados. Reiteración de jurisprudencia.

 

Es preciso recordar que esta Corte ha puntualizado unos requisitos que deben comprobarse, para acreditar sí en efecto alguien está padeciendo una vulneración de su mínimo vital[3]: “(i) el salario o mesada sea el ingreso exclusivo del trabajador o pensionado o existiendo ingresos adicionales sean insuficientes para la cobertura de sus necesidad básicas y que (ii) la falta de pago de la prestación genere para el afectado una situación crítica tanto a nivel económico como psicológico, derivada de un hecho injustificado, inminente y grave”,que debe analizarse en cada caso en particular y no en abstracto, lo cual implica una valoración cualitativa.

 

Al respecto, en la misma providencia se afirmó qué “resulta evidente para esta corporación la relación íntima e inescindible que surge entre el derecho a la seguridad social y el derecho fundamental al mínimo vital, vínculo que cobra aún mayor fuerza tratándose de los adultos mayores, pues de la protección del primero de ellos, dependerá la garantía de este último y viceversa, lo cual se verá materializado en el respeto al reconocimiento y pago oportuno de las mesadas pensionales. Por ende, en la actualidad no existe duda en torno a que el derecho fundamental al mínimo vital de los adultos mayores goza de una protección especial por parte del Estado en procura de vivificar sus fines esenciales a la luz del preámbulo constitucional”.

 

La Corte también ha sido enfática en señalar, frente a un evento como el ahora dilucidado, que el derecho al mínimo vital de los pensionados resulta afectado por el retraso injustificado, por la omisión o por el pago solo parcial de la asignación de retiro o mesada pensional, siendo que el nexo inescindible entre los derechos a la seguridad social y al mínimo vital, cobra mayor fuerza tratándose de adultos mayores, que gozan de una protección especial por parte de la sociedad y del Estado.

 

Quinta. Análisis del caso concreto.

 

1. De conformidad con los enunciados normativos y jurisprudenciales a los que se ha hecho breve referencia, es claro que la cooperativa accionada está facultada para obtener el pago de las obligaciones adquiridas con los asociados, de ser necesario por medio de un proceso ejecutivo, procediendo el embargo de las mesadas como última opción de pago, siempre y cuando no exceda el 50% del valor, después de realizar las deducciones de ley.

 

2. En el caso objeto de revisión, la pensión del actor ascendía, cuando se presentó la demanda, a $515.000, monto correspondiente al salario mínimo legal mensual vigente durante el año 2010; el embargo ordenado por el Juzgado 10° Civil Municipal de Bucaramanga, en virtud del proceso ejecutivo con medida cautelar a favor de la Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad, se fijó en $257.500, es decir, la mitad de su mesada pensional de dicho año, pero sin el previo descuento de lo cubierto por concepto de salud ($61.800).

 

3. Para decidir de fondo, la Sala verificará el monto del descuento realizado  como medida cautelar, en comparación con el máximo autorizado por ley, con el objeto de identificar si sobrepasa el 50% legalmente permitido y aplicar las reglas jurisprudenciales sobre la materia.

 

Monto de la pensión

Salud

Año

$515.000

$61.800

2010

 

El artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo contempla, como ya se citó, que “el monto del embargo o retención no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor de la prestación respectiva”, deducción que se debe realizar sobre el valor neto de la pensión, es decir, después de descontado el aporte para salud, de forma que el beneficiario reciba efectivamente no  menos del cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional[4].

 

Pensión bruta (2010)

$ 515.000

 

Salud 

$   61.800 

 

Total  neto

 

$432.200

 

Así, del total anterior se puede descontar máximo hasta el 50% de lo restante, después de haber efectuado los descuentos, debiendo así recibir el señor Álvaro Ruiz Patiño:

 

Total neto (después del de descuento por salud)

              $ 432.200

 

Medida cautelar a favor de   la Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad. 

      valor Máximo                permitido    el (50%)

    216.100

 

Total  a pagar

 

    216.100

 

Es decir, el actor Álvaro Ruiz Patiño debe recibir $216.100 y no $195.700, asignación que le fue consignada por cada uno de los meses de noviembre y diciembre de 2010, y lo que corresponda en adelante, según lo subsecuentemente establecido como salario mínimo legal mensual para cada anualidad.

 

Por ello, en el caso objeto de estudio se colige el incumplimiento de la preceptiva correspondiente, respecto al descuento que se puede efectuar, observando esta Sala que se asumió una errada interpretación y, por consiguiente, una aplicación también equivocada de las normas vigentes, causando un descuento mayor al autorizado por la ley; si bien la diferencia no es alta, sí hay una vulneración a los derechos invocados por el accionante, haciéndole aún más gravosa su situación y la de su familia, en especial la de su hija Lina Marcela Ruiz Puentes, que padece un retardo mental moderado.

 

4. Por todo lo anterior, será revocado el fallo único de instancia, proferido en diciembre 2 de 2010 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, que negó el amparo instado por el señor Álvaro Ruiz Patiño; en su lugar, será tutelado su derecho al mínimo vital.

 

En consecuencia, esta Sala de Revisión ordenará al Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga que haga efectivo lo dispuesto en esta sentencia, produciendo, en acatamiento de las disposiciones constitucionales precitadas, los ajustes correspondientes sobre su determinación de septiembre 3 de 2010, proferida dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, seguido contra Antonio Vicente Ayala y Álvaro Ruiz Patiño, de manera que la suma que ordenó embargar sobre la pensión del señor Ruiz Patiño, no sobrepase la mitad de su valor neto, esto es, aplicando el 50% sobre la cuantía que quede luego de efectuados los descuentos de ley.

 

También se ordenará al ISS, Pensiones, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, realice tal ajuste dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, de manera que efectivamente retenga, por el embargo dispuesto por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga, no más del 50% de la suma neta, esto es, la resultante después de efectuados los descuentos de ley, con relación al pensionado Álvaro Ruiz Patiño, en protección de su mínimo vital y el de su familia.

 

De igual forma se ordenará a la Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, realice la reliquidación del crédito y establezca un acuerdo de pago con el señor Álvaro Ruiz Patiño, de manera que la retención del embargo ordenado por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga, le permita percibir ingresos que no sacrifiquen el mínimo vital para su subsistencia y la de su hija.

 

III.  DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

RESUELVE

 

Primero. REVOCAR el fallo único de instancia, proferido en diciembre 2 de 2010 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, en cuanto negó el amparo instado por el señor Álvaro Ruiz Patiño, a quien, en su lugar, le será tutelado su derecho y el de su familia al mínimo vital.

 

Segundo. En consecuencia, ORDENAR  al Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga que haga efectivo lo dispuesto en esta sentencia, produciendo los ajustes correspondientes sobre su determinación de septiembre 3 de 2010, proferida dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, seguido contra Antonio Vicente Ayala y Álvaro Ruiz Patiño, de manera que la suma que ordenó embargar sobre la pensión del señor Ruiz Patiño, no sobrepase la mitad de su valor neto, esto es, aplicando el 50% sobre la cuantía que quede luego de efectuados los descuentos de ley, según quedó señalado en la parte motiva de esta providencia.

 

Tercero. ORDENAR al Instituto de los Seguros Sociales, Pensiones, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, realice tal ajuste dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, de manera que efectivamente retenga, por el embargo dispuesto por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga, no más del 50% de la suma neta, resultante después de efectuados los descuentos de ley, con relación al pensionado Álvaro Ruiz Patiño.

 

Cuarto. ORDENAR a la Cooperativa de Crédito y Servicio Comunidad, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, realice la reliquidación del crédito y establezca un acuerdo de pago con el señor Álvaro Ruiz Patiño, de manera que la retención del embargo ordenado por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bucaramanga, no implique conculcación del mínimo vital de él y de su hija.

 

Quinto. Por Secretaría General de esta corporación, LÍBRESE la comunicación a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

 

 

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

 

 

 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

 

 Sentencia T-024/11

 

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Reiteración de jurisprudencia

 

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL DE MUJER EMBARAZADA Y PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA

 

La acción de tutela es procedente para garantizar el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la trabajadora embarazada, con independencia del vínculo que tenga con el accionado, cuando (i) la terminación de la relación laboral tiene lugar durante el embarazo o en los tres meses siguientes al parto; (ii) el despido no cuenta con la autorización expresa de la autoridad de trabajo correspondiente, si se trata de trabajadora oficial o privada; y (iii) el despido amenaza el mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer.

 

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL DE DOCENTE EMBARAZADA NOMBRADA EN PROVISIONALIDAD

 

A juicio de la Sala, en virtud de los artículos 43 y 53 de la Carta, no existen razones de orden constitucional para afirmar que las educadoras embarazadas nombradas en provisionalidad no tienen derecho a conservar su empleo durante el período de gestación y la licencia de maternidad. Por ende, queda claro que a diferencia de lo sostenido por la Secretaría de Educación del Meta en su escrito de contestación a la acción de tutela interpuesta, una empleada en estado de embarazo nombrada en provisionalidad en un cargo de carrera, por disposición constitucional y en virtud de la jurisprudencia de esta Corporación, tiene derecho a conservar su trabajo durante todo el embarazo y tres mes más después de la fecha del parto

 

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL DE MUJER EMBARAZADA-Para efectos de conceder la tutela lo importante no es la comunicación del estado de embarazo al empleador, sino que la terminación se hubiera presentado durante la gestación

 

IMPROCEDENCIA DE REINTEGRO DE DOCENTE NOMBRADA EN PROVISIONALIDAD Y PROTECCION DE MUJER EMBARAZADA

 

Con relación a la solicitud de reintegro, la Sala acoge el criterio expuesto en las sentencias T-885 de 2003 y T-362 de 1999 sobre la inviabilidad de esa solicitud cuando el embarazo ya ha concluido y han pasado más de tres meses después del parto, como sucede en el caso bajo estudio

 

ACCION DE TUTELA CONTRA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO-Despido de mujer embarazada

 

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Contrato con una cooperativa para trabajar/COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y DESPIDO DE MUJER EMBARAZADA

 

Esta Corporación ha concluido que en aplicación de las normas indicadas, en caso que durante la ejecución del contrato de trabajo asociado la cooperativa viole la prohibición referida, se debe dar aplicación a la legislación laboral, y no a la legislación comercial o civil, toda vez que bajo tales supuestos fácticos concurren los elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo. Esta Sala juzga que la relación entre la accionante y la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta” sí fue de naturaleza laboral. Esto, porque (i) la asociada no laboraba para esa cooperativa sino para un tercero (E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia); (ii) el tercero le daba órdenes y le exigía el cumplimiento de un horario; y (iii) su trabajo era remunerado como consecuencia del Contrato de Prestación de Servicios suscrito el 1° de enero de 2010 por “Coomulsanta” y el tercero. Por consiguiente, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 C.P.), entre la actora y “Coomulsanta” se configuró un contrato de trabajo, habida cuenta que su actividad como Auxiliar de Servicios Generales fue cumplida de manera personal en el marco de una relación de  dependencia y subordinación, que le permitió percibir una remuneración periódica. Verificada esa situación, la Sala encuentra que se debe conceder la acción de tutela interpuesta y, en esa medida, revocar la decisión adoptada el 17 de agosto de 2010 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia,

 

 

Referencia: expedientes T-2764991 y T-2822307

 

Acción de tutela instaurada por Yhemmy Ruiz Gutiérrez contra la Secretaría de Educación del Meta; y Carmen Estella Quirós Godoy contra la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta”, con vinculación oficiosa de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.

 

Magistrado Ponente:

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

 

 

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil once (2011).

 

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los MagistradosLUIS ERNESTO VARGAS SILVA,MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Civil del Circuito de Granada, Meta, y la Sala Civil – Laboral – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial del Meta, en el expediente T-2764991; y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, Antioquia, en el expediente T-2822307.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos

 

Los hechos relatados por las accionantes en los expedientes de tutela de la referencia se resumen así:

 

1.1 Expediente T-2764991

 

1.1.1 El 26 de abril de 2010, Yhemmy Ruiz Gutiérrez interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación del Meta, por considerar que esa entidad vulneró sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad, la igualdad y al debido proceso.

1.1.2 Para fundamentar su acción, sostuvo que mediante la Resolución N° 286 del 23 de enero de 2007, la Secretaría de Educación del Meta decidió efectuar su nombramiento en provisionalidad para desempeñar el cargo de docente.

 

1.1.3 Indicó que de conformidad con la Resolución N° 3765 del 3 de noviembre de 2009, la Secretaría de Educación del Meta resolvió “dar por terminado el nombramiento provisional del cargo que ocupa como docente en el Centro Educativo Mi Llanura, sede San Fernando del municipio de Puerto Concordia, Meta, a Yhemmy Ruiz Gutiérrez (…), por llegada de docente en período de prueba de la convocatoria 036.” 

 

1.1.4 Manifestó que el 23 de febrero de 2010, debido a su estado de embarazo solicitó su reintegro ante la Secretaría de Educación en los siguientes términos: “como es de su conocimiento por información verbal hecha a esa Secretaría en el mes de diciembre de 2009 sobre mi estado de salud y de mi embarazo desde el mes de agosto; y ese despacho no ha tenido en cuenta que estoy dentro del período legal que me protege laboralmente y me permite la continuidad en el cargo, o una indemnización equivalente a los salarios de sesenta días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a las que tengo derecho, además del pago de doce semanas de descanso remunerado de que trata el Código Laboral.”

 

1.1.5 Afirmó que el 24 de febrero de 2010, la entidad accionada le informó que no era viable ordenar su reintegro, pues se encontraba en firme la Resolución N° 3765 de 2009. Además, porque la Secretaría no había tenido conocimiento de su estado de embarazo antes de expedir dicha resolución.

 

1.1.6 Por último, señaló: “desde ese momento tanto en la coordinación educativa del Ariari y en la Secretaría de Educación me manifiestan de manera verbal que me van a reubicar, pero pasado el tiempo no hubo respuesta alguna y me retiraron los servicios de salud, afectando todo el proceso de los controles que debo hacerme periódicamente, poniendo en grave riesgo mi salud y la de mi hijo que está por nacer.”

 

1.2 Expediente T-2822307

 

1.2.1 El 2 de agosto de 2010, Carmen Estela Quirós Godoy interpuso acción de tutela contra la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta”, al estimar que ésta violó su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada.

 

1.2.2 En ese sentido, sostuvo que el 1° de enero de 2010 suscribió un convenio con la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta”, para desempeñar el cargo de Auxiliar de Servicios Generales en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe Antioquia hasta el 30 de junio de 2010.

 

1.2.3 Indicó que el 20 de mayo de 2010, esa Cooperativa le informó: “el convenio suscrito el día 01 de enero de 2010, cuyo objeto es cubrir los subprocesos de Auxiliar de Servicios Generales en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia, se dará por terminado el 30 de junio de 2010.”  

 

1.2.4 Afirmó que el 5 de mayo de 2010 informó de su estado de embarazo a la Cooperativa y a la E.S.E. En consecuencia, aunque el 23 de junio de 2010 solicitó a dicha Cooperativa que revocara su decisión, ésta se negó por vencimiento del convenio suscrito entre las partes. 

 

2. Solicitud de tutela

 

Por lo anterior, las accionantes en los procesos de tutela referidos solicitaron el reintegro a sus labores y el pago de la indemnización por su despido en estado de embarazo, según lo previsto en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

3. Respuesta de las entidades accionadas

 

3.1 Expediente T-2764991

 

Mediante escrito dirigido al juez de tutela el 30 de abril de 2010, la Secretaría de Educación del Meta solicitó denegar el amparo constitucional invocado por Yhemmy Ruiz Gutiérrez.

 

Para el efecto, precisó que la desvinculación de la accionante de la planta de personal docente se debió “a que el cargo provisional que ocupaba fue proveído a un docente que se encontraba en período de prueba que pasó el concurso de méritos en la convocatoria N° 36, y como es claro señor Juez los cargos provisionales son cargos transitorios, y estos nombramientos son realizados mientras que los cargos son proveídos por personal que haya superado el concurso público de méritos docentes y directivos docentes.”

 

Adicionalmente, sostuvo que esa entidad no tenía conocimiento del estado de embarazo de la accionante, razón por la cual no es “responsable de una situación que se desconoce y que es obligación reportarla inmediatamente tenga conocimiento de ello.”

 

3.2 Expediente T-2822307

 

3.2.1 Respuesta de la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta”

 

En escrito presentado ante el juez de tutela el 6 de julio de 2010 por Hugo Arbey Rodríguez Álvarez, en calidad de representante legal de la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta”, esa organización solicitó no conceder la acción incoada.

 

Al respecto, aclaró que a diferencia de lo indicado en el escrito de tutela, “la accionante no laboró al servicio de la Cooperativa, sino que ostentaba la calidad de asociada de la misma con la celebración del contrato de Acuerdo Cooperativo de Trabajo Asociado desde el 1° de enero de 2010 y sobre las reglas de este tipo de cooperativas se reguló la relación entre las partes.”

 

En el mismo orden de ideas, “Coomulsanta” indicó: “la Cooperativa (…) y el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia suscribieron un contrato para la prestación del servicio profesionales (sic) por ser el objeto legal de la Cooperativa. Coomulsanta no tiene trabajadores en misión, y el término de duración estuvo sometido al contrato de prestación de servicios de Coomulsanta con el contratante, mismo que cancelaron el 30 de junio del año en curso, y como quedó expresado en el contrato de Acuerdo Cooperativo, éste se canceló quedando [la accionante] sin puesto de trabajo, (…).”

 

3.2.2 Respuesta de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia

 

En escrito presentado ante el juez de tutela el 11 de agosto de 2010 por la representante legal dela Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, señora Liliana María Villa García, esa empresa solicitó denegar el amparo constitucional solicitado.

 

Para ello, adujo: “es claro que entre “Coomulsanta”, como entidad contratista y la E.S.E Hospital no existió ni existe ninguna relación laboral y mucho menos entre la E.S.E y los afiliados a ella, pues son los afiliados o asociados a la Cooperativa “Coomulsanta” quienes tienen el vínculo con la misma, ya que la ejecución del proceso contratado se le cancela es a Coomulsanta, o sea a la entidad contratista y no a sus asociados.”

 

4. Pruebas que obran en los expedientes

 

4.1 Expediente T-2764991

 

  • Copia de los resultados de las pruebas de embarazo practicadas a Yhemmy Ruiz Gutiérrez los días 9 y 30 de noviembre de 2010 (folios 5 y 6, cuaderno 2).

 

  • Copia de la carta dirigida el 25 de marzo de 2010 por la Secretaría de Educación del Meta a Yhemmy Ruiz Gutiérrez (folio 7, cuaderno 2).

 

  • Copia de la Resolución N° 3765 del 3 de noviembre de 2009 “Por la cual se da por terminado un nombramiento provisional a un docente pago con recursos del Sistema General de Participaciones”, proferida por la Secretaría de Educación del Meta(folio 8, cuaderno 2).

 

  • Copia de la carta dirigida el 23 de febrero de 2010 por Yhemmy Ruiz Gutiérrez a la Secretaría de Educación del Meta (folio 9, cuaderno 2).

 

  • Copia de la carta dirigida el 24 de febrero de 2010 por la Secretaría de Educación del Meta a Yhemmy Ruiz Gutiérrez  (folio 10, cuaderno 2)

 

  • Copia de la Resolución N° 286 del 23 de enero de 2007 “Por medio de la cual se nombra provisionalmente un docente pago con recursos del Sistema General del Participaciones, en una vacante temporal”, proferida por la Secretaría de Educación del Meta (folio 11, cuaderno 2).

 

  • Declaraciones rendidas el 26 de abril y el 7 de mayo de 2010 por Yhemmy Ruiz Gutiérrez ante el Juzgado Civil del Circuito de Granada, Meta (folios 13 y 14; y 19 a 21, cuaderno 2).

 

  • Copia de la certificación expedida el 7 de mayo de 2010 por “Comprometa”, en la que se indica: “la señora Yhemmy Ruiz Gutiérrez (…) posee un crédito con corte al 31 de mayo de 2010, por un valor de un millón ochocientos treinta mil cien pesos moneda legal (…). según libranza 50761 del 26 de junio de 2009” (folio 23, cuaderno 2).

 

  • Copia del Registro Civil de Nacimiento de Daniel Felipe Palacios Ruiz (folio 24, cuaderno 2).

 

  • Copia del Acta de Posesión N° 587 proferida el 3 de noviembre de 2009 por la Oficina de Personal Docente de la Secretaría de Educación del Meta (folio 13, cuaderno 3).

 

  • Copia de la Resolución N° 1318 del 29 de octubre de 2009 “Por medio de la cual se nombra en la planta global de cargos en período de prueba a un docente pago con recursos del Sistema General de Participaciones”, proferida por la Secretaría de Educación del Meta (folio 19, cuaderno 3).

 

4.2 Expediente T-2822307

 

  • Copia de la cédula de ciudadanía de Carmen Estella Quirós Godoy (folio 1, cuaderno 2).

 

  • Copia del “Convenio con asociados” suscrito el 1° de enero de 2010 entre la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta” y Carmen Estella Quirós Godoy (folios 2 y 3, cuaderno 2).

 

  • Copia del resultado de la prueba de embarazo practicada a Carmen Estella Quirós Godoy el día 4 de abril de 2010 (folio 4, cuaderno 2).
  • Copia de la carta dirigida el 20 de mayo de 2010 por “Coomulsanta” a Carmen Estella Quirós Godoy (folio 5, cuaderno 2).

 

  • Copia de la carta dirigida el 23 de junio de 2010 por Carmen Estella Quirós Godoy  a “Coomulsanta” (folio 5, cuaderno 2).

 

  • Copia del Contrato de Prestación de Servicios suscrito el 1° de enero de 2010 entre la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia y la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta” (folios 16 a 21, cuaderno 2).

 

  • Copia de la carta dirigida el 26 de mayo de 2010 por “Coomulsanta” a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia (folio 24, cuaderno 2).

 

  • Copia del Registro Civil de Nacimiento de María Camila Montoya Quirós (folio 34, cuaderno 2).

 

  • Copia del Registro Civil de Nacimiento de Jeison Andrés García Quirós (folio 35, cuaderno 2).

 

II. LAS SENTENCIAS QUE SE REVISAN

 

1.  Expediente T-2764991

 

1.1 Sentencia de primera instancia

 

En sentencia del 7 de mayo de 2010, el Juzgado Civil del Circuito de Granada, Meta, concedió la tutela de los derechos fundamentales de Yhemmy Ruiz Gutiérrez.

 

Para el efecto, en primer lugar, el juez advirtió que de acuerdo con lo dispuesto para el efecto en la Constitución Política, los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico interno y las normas que regulan la materia, las trabajadoras en estado de embarazo tienen derecho a conservar su empleo y a no ser despedidas en razón de ese estado, así como tampoco durante el término de la licencia de maternidad.

 

En segundo lugar, señaló que de conformidad con lo anterior, la Secretaría de Educación del Meta vulneró los derechos fundamentales de la accionante, habida cuenta que efectuó su desvinculación de la planta de personal docente sin tener en cuenta que se encontraba en estado de embarazo.

 

Al respecto, el juez aclaró: “si bien es cierto que la Secretaría accionada dio por terminado el nombramiento de la actora para reconocer el derecho que le asiste a un docente que en virtud del concurso de méritos adquirió el derecho a ser nombrado en las plazas que se encuentran vacantes; no es menos cierto de otro lado, que al estar demostrado que la accionante se encontraba en estado de embarazo para la fecha en que se le dio por terminado su nombramiento, el juez constitucional debe proteger el derecho que a la demandante le asistía a gozar de los servicios médico-asistenciales del sistema de seguridad social, de los ingresos económicos ordinarios (salario), y de los ingresos económicos derivados de la maternidad (licencia remunerada) los cuales se derivan de la estabilidad en el empleo que el artículo 62 de la Ley 443 de 1998 le garantiza a la trabajadora embarazada hasta por tres meses más de la fecha del parto.”

 

Finalmente, indicó que según lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia T-095 de 2008, la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de las trabajadoras en estado de embarazo no depende de si el empleador tenía o no conocimiento de dicho estado.

 

En consecuencia, el juez de tutela ordenó a la Secretaría de Educación del Meta cancelar al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud los aportes respectivos desde la desvinculación de la accionante hasta “cuando cumpla un año el hijo que está por nacer.” Además, ordenó el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la terminación de su nombramiento hasta tres meses después del parto.

 

1.2 Sentencia de segunda instancia

 

Mediante providencia del 24 de junio de 2010, la Sala Civil – Laboral – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio revocó la decisión adoptada el 7 de mayo de 2010 por el Juzgado Civil del Circuito de Granada, Meta.

 

En su sentencia, el juez advirtió que la Secretaría de Educación del Meta no tenía conocimiento del estado de embarazo de la accionante, pues de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente “al término de la desvinculación laboral ni la accionante ni la Secretaría de Educación tenían conocimiento del estado de gravidez, hecho del cual la primera tuvo conocimiento 27 días después de haberse hecho el despido mediante resolución, y la segunda, 3 meses y 20 días después (fol. 6 y 9) por la manifestación escrita hecha por la señora Yhemmy Ruiz Gutiérrez.”

 

2. Expediente T-2822307

 

En sentencia del 17 de agosto de 2010, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, Antioquia, resolvió no tutelar los derechos fundamentales invocados por Carmen Estella Quirós Godoy.

 

Para fundamentar su decisión, el juez indicó que la accionante no aportó pruebas que permitieran constatar la ocurrencia de un perjuicio irremediable sobre sus derechos fundamentales, en caso de no conceder la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección.

 

Además, sostuvo que tampoco se encuentran acreditadas las condiciones que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo entre la actora y “Coomulsanta” o la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Antioquia. Así, “aunque en gracia de discusión ese [contrato] existiera, no es esta instancia judicial por vía de la acción pública la llamada a declarar la existencia del contrato de trabajo y por ende de las consecuencias que de dicha relación pudieran generarse.”

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

 

1. Competencia

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y con la selección y el reparto efectuados el 14 de octubre de 2010, esta Sala es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.

 

2. Problema jurídico

 

2.1 De acuerdo con los hechos expuestos, en el presente caso corresponde a la Corte Constitucional determinar si el despido de una mujer en estado de embarazo constituye una vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital.

 

2.2 Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala Novena de Revisión hará referencia a la protección constitucional y legal de la mujer en estado de embarazo, así como a su derecho a la estabilidad laboral reforzada.

 

2.3 Con base en lo anterior, esta Corporación estimará si se debe conceder la acción de tutela interpuesta por las accionantes en los expedientes de tutela de la referencia y, en consecuencia, revocar las decisiones judiciales mediante las cuales se negó el amparo constitucional invocado.

 

3. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo. Reiteración de Jurisprudencia.

 

3.1 De acuerdo con los artículos 43 y 53 de la Constitución Política, el Estado colombiano debe garantizar la protección especial de la mujer en estado de embarazo y después del parto[1]. Desde esta perspectiva, en el ámbito del trabajo, la protección de la mujer en estado de embarazo constituye uno de los principios mínimos fundamentales que debe orientar las relaciones laborales. Esto, en atención a que las normas constitucionales referentes a la protección de la mujer y la maternidad tienen “la clara finalidad de evitar la discriminación laboral de la cual venían siendo objeto las mujeres en tal estado, por la tendencia de los empleadores a considerar que el embarazo les causaba cargas de orden económico. [2]

 

3.2 Ahora bien, en el marco de las normas constitucionales referidas y de las múltiples obligaciones internacionales asumidas por el Estado, el legislador ha determinado de manera precisa las garantías y beneficios de los que es titular la mujer trabajadora en estado de embarazo, durante la época del parto y en el período de lactancia. Tales garantías pueden ser resumidas así:

 

(i) Prohibición de despedir. La trabajadora que se encuentre en estado de embarazo o en la etapa de descanso remunerado en la época del parto, tiene derecho a conservar su trabajo. Así pues, “se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, (…).[3]

 

En este sentido, el empleador que pretenda despedir a una mujer en estado de gravidez o durante la etapa de lactancia, “necesita la autorización del inspector de trabajo, o del alcalde municipal en los lugares donde no existiere aquel funcionario.” En todo caso, el permiso para despedir solo puede producirse con arreglo a las causas de terminación del contrato de trabajo por justa causa previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Antes de conceder el permiso, “el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. [4]

 

Así, dado que la trabajadora que se encuentre en las circunstancias señaladas tiene derecho a conservar su trabajo, “no producirá efecto alguno el despido que el patrono comunique a la trabajadora en tales períodos o en tal forma que, al hacer uso del preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas. [5]

 

Por tanto, la mujer trabajadora que sea despedida en los períodos indicados y sin el respectivo permiso de la autoridad competente, dado que se entiende que este despido no produce efecto alguno, tiene derecho a ser reintegrada a su trabajo, al pago de una indemnización equivalente a 60 días de salario, al pago de las indemnizaciones y prestaciones sociales correspondientes a la modalidad de contrato de trabajo convenida, y al pago de la licencia de maternidad, si éste aún no se ha hecho efectivo[6].

 

(ii) Descanso remunerado en la época del parto. En la época del parto las madres tienen derecho a recibir el pago de un descanso remunerado por un término de 12 semanas cuyo monto obedece al salario devengado por la trabajadora al momento de su inicio[7]. En el evento en que el empleador incumpla con esta obligación, deberá pagar a la trabajadora “como indemnización, el doble de la indemnización del descanso no concedido.[8]

 

(iii) Descanso remunerado durante la lactancia. Durante los seis meses siguientes al parto, para amamantar a su hijo, la trabajadora tiene derecho a dos descansos remunerados de 30 minutos cada uno dentro de la jornada laboral[9].

 

3.3 En atención a las normas constitucionales y legales señaladas, en reiteradas oportunidades la jurisprudencia constitucional se ha referido al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo[10]. Al respecto, ha sostenido que de manera general, la estabilidad laboral reforzada en este ámbito es “una garantía real y efectiva” que se traduce en el derecho “que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, en ningún caso, por razón de la maternidad.[11]

 

3.4 Sobre el particular, esta Corporación ha concluido que en sede de tutela la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada es procedente, siempre que se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

i)     Que el despido tenga lugar durante la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto;

 

ii)  que a la fecha del despido el empleador tenga conocimiento o debiera conocer la existencia del estado de gravidez de la trabajadora;

 

iii)      que el despido sea una consecuencia del embarazo, es decir, que no esté directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo justifique;

iv)      que el despido no cuente con la autorización expresa de la autoridad de trabajo correspondiente, si se trata de trabajadora oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de empleada pública; y

 

v)  que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer[12].

 

3.5 Con relación a las condiciones referidas, es preciso tener en cuenta que en la sentencia T-095 de 2008[13], la Corte examinó con detenimiento los efectos del requisito relativo al conocimiento que el empleador debía tener sobre el estado de embarazo de su trabajadora, para efectos de otorgar el amparo constitucional. Así, en dicha sentencia, la Sala Octava de Revisión de esta Corporación indicó que en el marco de una interpretación armónica de los instrumentos internacionales y las normas constitucionales que imponen al Estado la obligación de proteger a la mujer gestante, resulta necesario afirmar que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la trabajadora embarazada implica garantizar para todos los efectos la disposición legal según la cual, “se presume que la mujer ha sido despedida por causa del embarazo o lactancia cuando el despido ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto y sin la autorización de que trata el artículo siguiente (sin el permiso de la inspección del trabajo).” (Negrilla del texto original).

 

En esa oportunidad y en concordancia con la presunción anotada, la Sala llegó a las siguientes conclusiones:

 

“En el caso de los contratos a término indefinido la protección se confiere durante todo el tiempo y el empleador debe no solo reconocer las prestaciones a que tiene derecho la madre y el (la) recién nacido (a) antes y luego del parto, sino que en caso de haber despedido a la trabajadora encontrándose esta en estado de gravidez se presume que el despido fue por causa o en razón del embarazo y el empleador está obligado a reintegrar a la mujer al puesto que ocupaba. Dicho de otro modo: un despido de la trabajadora embarazada – es decir – dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto – se presume que fue por causa o en razón del embarazo a menos que quepa aplicar las causales de despido con justa causa, asunto en el cual, se debe cumplir con las exigencias previstas en la legislación. Esta presunción opera también en relación con los contratos a término fijo que por prorrogarse de modo consecutivo se equiparan a contratos a término indefinido.

 

En el caso de los contratos a término fijo y por obra, la protección debe otorgarse a las mujeres gestantes que hayan quedado embarazadas durante la vigencia del contrato, con independencia de si el empleador ha previsto o no una prórroga del mismo. La madre gestante debe comprobar que quedó embarazada antes del vencimiento del contrato a término fijo o por obra pero no resulta indispensable que lo haga con antelación al preaviso. Esto último resulta de la mayor importancia porque muchos empleadores niegan la protección con el argumento de que desconocían el estado de la trabajadora al momento de comunicarles el preaviso.” (Negrilla fuera del texto original).  

 

De esta manera, queda claro que de conformidad con el criterio jurisprudencial expuesto en la sentencia T-095 de 2008, la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada debe ser concedida, salvo que el empleador demuestre que el despido de la trabajadora en estado de embarazo estuvo motivado en una justa causa[14]. Esto sugiere que “el énfasis probatorio ya no radica en la comunicación del estado de embarazo al empleador sino en la existencia de una justa causa para la terminación del vínculo, la cual debe avalar, previamente, la autoridad de trabajo competente.[15] En criterio de este Tribunal, este cambio jurisprudencial garantiza que la terminación del vínculo laboral de una mujer gestante solo sea producto de una justa causa y que ésta sea valorada por la autoridad laboral correspondiente.

 

3.6 En suma, la acción de tutela es procedente para garantizar el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la trabajadora embarazada, con independencia del vínculo que tenga con el accionado, cuando (i) la terminación de la relación laboral tiene lugar durante el embarazo o en los tres meses siguientes al parto; (ii) el despido no cuenta con la autorización expresa de la autoridad de trabajo correspondiente, si se trata de trabajadora oficial o privada; y (iii) el despido amenaza el mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer.

 

4. Estudio de los casos concretos

 

4.1 Expediente T-2764991

 

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, mediante la Resolución N° 286 del 23 de enero de 2007, la Secretaría de Educación del Meta decidió efectuar el nombramiento en provisionalidad de Yhemmy Ruiz Gutiérrez para desempeñar el cargo de docente.

 

En la Resolución N° 3765 del 3 de noviembre de 2009, la Secretaría de Educación del Meta resolvió “dar por terminado” dicho nombramiento “por llegada de docente en período de prueba de la convocatoria 036.” 

 

Sin embargo, el 23 de febrero de 2010, debido a su estado de embarazo, Yhemmy Ruiz Gutiérrez solicitó su reintegro ante esa Secretaría. Frente a esta solicitud, el 24 de febrero de 2010, la Secretaría le informó que no era viable ordenar su reintegro, pues se encontraba en firme la Resolución N° 3765 de 2009. Además, porque la Secretaría no había tenido conocimiento de su estado de embarazo antes de expedir dicha resolución.

 

Dado lo anterior, la Sala encuentra que se debe conceder la acción de tutela interpuesta por Yhemmy Ruiz Gutiérrez y, en consecuencia, revocar la decisión adoptada el 24 de junio de 2010 por la Sala Civil – Laboral – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, mediante la cual se negó la tutela de los derechos fundamentales invocados.

 

Esto por cuanto, en primer lugar, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en reconocer que el “fuero de maternidad de  naturaleza constitucional, debe garantizarse en cualquier tipo de relación laboral[16].” En este sentido, es claro que con independencia de la forma que en que se haya establecido el vínculo laboral (contrato de trabajo a término fijo o indefinido, contrato de prestación de servicios, prestación del servicio por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado, nombramiento en provisionalidad en un cargo de carrera, etc.), “siempre será obligatorio para el empleador no desvincular a la mujer que se encuentre en estado de embarazo o en periodo de lactancia.[17]

                    

De hecho, en la sentencia C-199 de 1999[18], al estudiar la exequibilidad del artículo 62 de la Ley 443 de 1998 “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”, que dispone cuando un cargo de carrera se encuentre provisto con una empleada en estado de embarazo mediante nombramiento provisional o en período de prueba, “el término de duración de éstos se prorrogará automáticamente por tres meses más después de la fecha del parto”, la Sala Plena explicó:

 

“La Corte estima que si el propósito del Legislador era - como lo pone de presente el epígrafe del mismo artículo 62 - brindar protección a la mujer embarazada vinculada de una o de otra manera a un cargo de carrera, los rasgos a sopesar no podrían ser otros que los relacionados con la necesidad de protección que, sin lugar a dudas, se puede predicar por igual en los dos casos. Dicha necesidad de protección surge del estado de embarazo común a las tres categorías de funcionarias, para las cuales su situación administrativa específica - provisionalidad; declaración de servicios no satisfactoria; supresión del cargo -, no deja de ser secundaria como elemento determinante del concreto régimen de protección. Las mencionadas situaciones específicas, por el contrario, ofrecen una faceta idéntica como quiera que son vicisitudes de orden administrativo que generan un riesgo a las futuras madres que es, en esencia, el que pretende sortearse mediante el régimen de protección. En otras palabras, los hechos subyacentes son fácticamente distintos, pero operan por igual como desencadenantes de un mismo riesgo. En efecto, el régimen de protección se orienta por una misma finalidad tuitiva y se configura de manera idónea para responder adecuadamente al riesgo o situación de indefensión que es naturalmente el mismo, independientemente del hecho desencadenante que en las tres hipótesis es distinto.” (Negrilla fuera del texto original).

 

Así las cosas, a juicio de la Sala, en virtud de los artículos 43 y 53 de la Carta, no existen razones de orden constitucional para afirmar que las educadoras embarazadas nombradas en provisionalidad no tienen derecho a conservar su empleo durante el período de gestación y la licencia de maternidad[19]. Por ende, queda claro que a diferencia de lo sostenido por la Secretaría de Educación del Meta en su escrito de contestación a la acción de tutela interpuesta por Yhemmy Ruiz Gutiérrez, una empleada en estado de embarazo nombrada en provisionalidad en un cargo de carrera, por disposición constitucional y en virtud de la jurisprudencia de esta Corporación, tiene derecho a conservar su trabajo durante todo el embarazo y tres mes más después de la fecha del parto.

 

En segundo lugar, se encuentra acreditado que el 3 de noviembre de 2009 la Secretaría de Educación del Meta resolvió dar por terminado el nombramiento en provisionalidad de la accionante, quien para esa fecha, según  los resultados del examen médico practicado el 30 de noviembre de 2010, tenía aproximadamente 15 semanas de embarazo.

 

En tercer lugar, está probado que la decisión de la Secretaría de Educación del Meta de dar por terminado el nombramiento en provisionalidad de la accionante a pesar de su estado de embarazo, amenaza sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la salud, comoquiera que así lo manifestó en su escrito de tutela y esa entidad no lo desvirtuó.

 

Por último, frente el argumento expuesto por la Secretaría accionada en su escrito de contestación de la acción, sobre su desconocimiento del estado de embarazo de la actora, la Sala reitera que para efectos de conceder la acción de tutela lo importante no es la comunicación del estado de embarazo al empleador, sino que la terminación del vínculo laboral se hubiera presentado durante la gestación, como ocurrió en el presente caso.

 

En virtud de lo expuesto, esta Sala revocará la decisión adoptada por la Sala Civil – Laboral – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, habida cuenta que quedó demostrado que la Secretaría de Educación del Meta vulneró los derechos fundamentales de Yhemmy Ruiz Gutiérrez.

 

Por tanto, confirmará la sentencia proferida el 7 de mayo de 2010 por el Juzgado Civil del Circuito de Granada, Meta, mediante la cual se concedió el amparo invocado y se ordenó a la Secretaría de Educación del Meta efectuar la afiliación de la accionante al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su despido hasta el término de su embarazo “y hasta por tres meses más después del parto.”

 

Adicionalmente, la Corte ordenará a la Secretaría de Educación del Meta que dentro los 10 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, cancele a Yhemmy Ruiz Gutiérrez la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

Con relación a la solicitud de reintegro, la Sala acoge el criterio expuesto en las sentencias T-885 de 2003[20] y T-362 de 1999[21] sobre la inviabilidad de esa solicitud cuando el embarazo ya ha concluido y han pasado más de tres meses después del parto, como sucede en el caso bajo estudio.

 

4.2 Expediente T-2822307

 

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso de tutela, el 1° de enero de 2010 Carmen Estela Quirós Godoy suscribió un convenio con la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta”, para desempeñar el cargo de Auxiliar de Servicios Generales en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia hasta el 30 de junio de 2010.

 

El 20 de mayo de 2010, esa Cooperativa le informó: “el convenio suscrito el día 01 de enero de 2010, cuyo objeto es cubrir los subprocesos de Auxiliar de Servicios Generales en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia, se dará por terminado el 30 de junio de 2010.”  

 

Sin embargo, debido a su estado de embarazo y a que el 5 de mayo de 2010 había informado dicho estado a la Cooperativa y a la E.S.E, el 23 de junio de 2010 Carmen Estela Quirós Godoy solicitó a “Coomulsanta” que revocara su decisión. Solicitud que fue negada por vencimiento del convenio suscrito entre las partes. 

 

Por su parte, el 11 de agosto de 2010 la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia explicó al juez de tutela:“es claro que entre “Coomulsanta”, como entidad contratista y la E.S.E Hospital no existió ni existe ninguna relación laboral y mucho menos entre la E.S.E y los afiliados a ella, pues son los afiliados o asociados a la Cooperativa “Coomulsanta” quienes tienen el vínculo con la misma, ya que la ejecución del proceso contratado se le cancela es a Coomulsanta, o sea a la entidad contratista y no a sus asociados.”

 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, Antioquia, resolvió no tutelar los derechos fundamentales invocados. Para fundamentar su decisión, sostuvo que no se encuentran acreditadas las condiciones que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo entre la actora y “Coomulsanta” o la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Antioquia. Al respecto, agregó: “aunque en gracia de discusión ese [contrato] existiera, no es esta instancia judicial por vía de la acción pública la llamada a declarar la existencia del contrato de trabajo y por ende de las consecuencias que de dicha relación pudieran generarse.”

 

Ahora bien, para resolver este caso se hace necesario indicar que en concordancia con el Decreto 4588 de 2006 “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado”, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía[22], cuyo objeto social “es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno.[23] De este modo, esas organizaciones se caracterizan por asociar personas naturales que de manera simultánea (i) son gestoras, (ii) contribuyen económicamente a la organización y (iii) son aportantes directas de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir bienes o prestar servicios.

 

Por su parte, el artículo 6 del citado Decreto establece que las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, “podrán contratar con terceros la producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, siempre que respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los procesos también podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final.”

 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la facultad de las cooperativas para contratar con terceros no es absoluta. En efecto, por expreso mandato legal, las cooperativas y precooperativas no podrán actuar como intermediarios laborales o empresas de servicios temporales. Al respecto, el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006 dispone:

 

“Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.

 

Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.”  (Negrilla fuera del texto original).

 

Así, es claro que la trasgresión de dicha prohibición redunda en la desnaturalización del trabajo cooperativo y, en consecuencia, el asociado que sea enviado por su organización solidaria a prestar sus servicios bajo estas condiciones será considerado trabajador dependiente[24].

 

Es por eso que esta Corporación ha concluido que en aplicación de las normas indicadas, en caso que durante la ejecución del contrato de trabajo asociado la cooperativa viole la prohibición referida, se debe dar aplicación a la legislación laboral, y no a la legislación comercial o civil, toda vez que bajo tales supuestos fácticos concurren los elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo[25].

 

Sobre este punto, en la sentencia T-445 de 2006[26], la Corte Constitucional definió algunos elementos a la luz de lo cuales se puede identificar la existencia de una relación laboral velada por un acuerdo cooperativo:

 

“En relación con los elementos que pueden conducir a que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado de subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i) el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte del asociado a la designación de la Cooperativa del tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará; entre otros.”

 

Igualmente, frente al derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo en el marco de un acuerdo cooperativo, en la sentencia T-1177 de 2003[27], la Corte advirtió:

 

La existencia de una relación entre cooperativa y cooperado no excluye necesariamente que se de una relación laboral[28] entre cooperativa y cooperado y esto sucede cuando el

 

cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, si no para un tercero, respecto del

 

cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato de la cooperativa, que fue lo que sucedió en este caso.

 

Por ello, visto lo acaecido en el presente proceso, es preciso reiterar que en tanto exista una relación laboral, cualquiera que ella sea, es predicable de la mujer embarazada el derecho a una estabilidad laboral reforzada, como una consecuencia del principio de igualdad, y por ende, su relación laboral no puede quedar ni suspendida ni anulada al punto de que se afecte su condición de mujer en estado de embarazo. Así lo expuso esta misma Sala al considerar en una oportunidad anterior, que al margen del tipo de relación laboral que esté operando, durante el período de embarazo la mujer es acreedora de un derecho especial de asistencia y estabilidad reforzada, que obliga, en el evento de ser despedida, a apelar a una presunción de despido por discriminación en razón del embarazo, siendo el empleador quien asuma la carga de la prueba que sustente el factor objetivo que le permita su despido de manera legal.[29](Negrilla fuera del texto original).

 

Dado lo anterior, esta Sala juzga que la relación entre la accionante y la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta” sí fue de naturaleza laboral. Esto, porque (i) la asociada no laboraba para esa cooperativa sino para un tercero (E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia); (ii) el tercero le daba órdenes y le exigía el cumplimiento de un horario; y (iii) su trabajo era remunerado como consecuencia del Contrato de Prestación de Servicios suscrito el 1° de enero de 2010 por “Coomulsanta” y el tercero. Por consiguiente, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 C.P.), entre Carmen Estela Quirós Godoy y “Coomulsanta” se configuró un contrato de trabajo, habida cuenta que su actividad como Auxiliar de Servicios Generales fue cumplida de manera personal en el marco de una relación de  dependencia y subordinación, que le permitió percibir una remuneración periódica.

 

Verificada esa situación, la Sala encuentra que se debe conceder la acción de tutela interpuesta por Carmen Estela Quirós Godoy y, en esa medida, revocar la decisión adoptada el 17 de agosto de 2010 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, Antioquia, mediante la cual se negó la tutela de los derechos fundamentales invocados.

 

En efecto, en primer lugar, está acreditado que el 20 de mayo de 2010 “Coomulsanta” entregó a la accionante una carta mediante la cual le comunicó la terminación del convenio suscrito el 1° de enero, aunque ella había informado el 5 mayo de 2010 que se encontraba en estado de embarazo.

 

En segundo lugar, la Sala observa que no existe prueba de que la presunta causal de desvinculación, alegada por “Coomulsanta” en la comunicación dirigida a la accionante el 20 de mayo de 2010, haya sido verificada por la autoridad laboral competente y, por tanto, de que exista una autorización para despedir a la accionante.

 

Dado lo anterior, esta Sala revocará la decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, Antioquia, comoquiera que quedó demostrado que la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta” vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de Carmen Estela Quirós Godoy.

 

En consecuencia, ordenará a esa cooperativa que dentro del término de los 10 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, (i) afilie a la accionante al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud; (ii) le cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo; y (iii) le pague la licencia de maternidad, así como los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta que termine su embarazo.

 

Frente a la solicitud de reintegro, dado que en el expediente no existe prueba de que Carmen Estela Quirós Godoy ya hubiese dado a luz, o de que se encuentre en el período de licencia de maternidad, la Corte ordenará a la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta”  que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a su reincorporación si la actora aun se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- REVOCAR la decisión adoptada el veinticuatro (24) de junio de 2010 por la Sala Civil – Laboral – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio y, en su lugar, CONFIRMAR la sentencia proferida el siete (7) de mayo de 2010 por el Juzgado Civil del Circuito de Granada, Meta, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Yhemmy Ruiz Gutiérrez contra la Secretaría de Educación del Meta.

 

Segundo.- ORDENAR a la Secretaría de Educación del Meta que dentro los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia cancele a Yhemmy Ruiz Gutiérrez la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

Tercero.- REVOCAR la decisión adoptada el diecisiete (17) de agosto de 2010 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, Antioquia, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Carmen Estela Quirós Godoy contra la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta”, con vinculación oficiosa de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia y, en su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital.

 

Cuarto.- ORDENAR a la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta” que dentro del término de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, (i) afilie a Carmen Estela Quirós Godoy al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud; (ii) le cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo; (iii) le pague la licencia de maternidad; y (iv) los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta que termine su embarazo.

 

Quinto.- ORDENAR a la Cooperativa Multiactiva Santa Fe “Coomulsanta” que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a reintegrar a Carmen Estela Quirós Godoy al cargo que venía ocupando o a uno de igual o semejante jerarquía, si ella aun se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto.

 

Sexto.- DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

 

 

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado

 

 

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

Con salvamento parcial de voto

 

 

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

Magistrado

Ausente en comisión

 

 

 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

 


[1] A través de la aprobación y ratificación de múltiples convenios y tratados internacionales, el Estado colombiano también ha asumido la obligación de garantizar los derechos de las mujeres durante el período del embarazo y después del parto, obligaciones que en virtud del bloque de constitucional (art. 93) hacen parte del Texto Superior. Al respecto, se puede consultar, entre otros: el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales -incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 74 de 1968-, artículo 10; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San Salvador -incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la ley 319 de 1996-, artículo 9; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -convención que hace parte del derecho interno según la Ley 51 de 1981-, artículo 11; y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (Ley 248 de 1995), artículo 4.

[2] Sentencia T-866 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería

[3] Código Sustantivo del Trabajo. Articulo 239. En el mismo sentido, se puede consultar la sentencia C-470 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

[4] Código Sustantivo del Trabajo, artículo 240, numerales 1 y 2.

[5] Código Sustantivo del Trabajo artículo 241. 

[6] Código Sustantivo del Trabajo, Artículo 239, numeral 3.

[7] Código Sustantivo del Trabajo. Articulo 236.

[8] Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 243.

[9] Código Sustantivo del Trabajo. Articulo 238.

[10] Sobre el particular, se pueden consultar entre otras, las sentencias: T-195 de 2007, T-221 de 2007, T-487 de 2006, T-381 de 2006, T-862 de 2003, T-311 de 2001 y T-373 de 1998.

[11] Sentencia C-470 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Mediante esta sentencia, la Corte resolvió: Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, tal y como fue modificado por el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, en el entendido de que, en los términos de esta sentencia, y debido al principio de igualdad (CP art. 13) y a la especial protección constitucional a la maternidad (CP arts 43 y 53), carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente, quien debe verificar si existe o no justa causa probada para el despido. || Segundo: Declarar EXEQUIBLES los artículos  2º de la Ley 197 de 1938 y 21 del decreto 3135 de 1968, en el entendido de que, en los términos de esta sentencia, y debido al principio de igualdad (CP art. 13) y a la especial protección constitucional a la maternidad (CP arts 43 y 53), carece de todo efecto el despido de una servidora pública durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del funcionario del trabajo competente, en el caso de las trabajadoras oficiales, o sin la correspondiente resolución motivada del jefe del respectivo, en donde se verifique la justa causa para el despido, en el caso de las empleadas públicas.”

[12] Ver entre otras las sentencias T-687 de 2008, T-546 de 2007, T-354 de 2007, T-1040 de 2006, T-1003 de 2006, T-807 de 2006, T-589 de 2005, T-546 de 2006, T-021 de 2006, T-006 de 2006,  T-291 de 2005, T-185 de 2005, T-176 de 2005, T-173 de 2005, T-900 de 2004, T-848 de 2004, T-1177 de 2003, T-1138 de 2003, T-862 de 2003, T-961 de 2002, T-206 de 2002, T-404 de 2001, T-352 de 2001, T-832 de 2000, T-778 de 2000, T-375 de 2000, T-879 de 1999, T-362 de 1999, T-426 de 1998 y T-373 de 1998.

[13] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

[14] Sobre este punto, se hace necesario tener en cuenta que en la sentencia en cita, la Corte advirtió: “No obstante, la jurisprudencia también ha reiterado la necesidad de no desconocer el derecho en cabeza del empleador de poner fin al contrato de trabajo cuando la mujer ha incurrido en causales de despido con justa causa, claro está, luego de haber cumplido con las exigencias que para tales efectos prevé la legislación (artículo 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo). De este modo, no sólo resulta obligatorio escuchar a la trabajadora sino que han de practicarse todas las pruebas que las partes estimen pertinentes y conducentes. Ha dicho la Corte Constitucional en relación con este punto ‘que la maternidad no puede ser utilizada como escudo perfecto que permita amparar cualquier conducta de la trabajadora, independientemente de su correspondencia con los términos del contrato de trabajo o de la ley.’”

[15] Sentencia T-687 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

[16] Sentencia T-095 de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto.

[17] Ibídem.

[18] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

[19] Sobre el particular se puede consultar la sentencia T-088 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esa oportunidad, la Corte estudió el caso de una docente en estado de embarazo nombrada en provisionalidad y declarada insubsistente porque en su cargo había sido nombrada la aspirante que ganó el concurso de méritos. Al abordar la colisión de los derechos en conflicto, la Corte indicó: “[t]eniendo en cuenta el amparo especial del que goza la mujer en estado de embarazo y todos los derechos fundamentales que podrían verse transgredidos con su desprotección, en el caso concreto debe prevalecer el derecho a la estabilidad laboral reforzada derivado del fuero de maternidad sobre la estabilidad laboral de la persona nombrada en carrera. Pues si bien, es una carga que se traslada a aquella, no se considera desproporcionada ni excesiva teniendo en cuenta (i) la pluralidad de derechos constitucionales que se salvaguardan con esta medida, y (ii) la transitoriedad de la decisión, por no ser un estado que se prolongue indefinidamente en el tiempo.”

[20] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

[21] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

[22]Al respecto, se puede consultar el artículo 2 de la Ley 454 de 1998: “denomínase Economía Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.”

[23] Decreto 4588 de 2006, Artículos 3 y 5. En el mismo sentido, ver el artículo 4 de la Ley 79 de 1988 y 1° del Decreto 468 de 1990.

[24] Artículo 16 del Decreto 4588 de 2006.

[25] Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-504 de 2008, T-531 de 2007, T-195 de 2007, T-063 de 2006 y T-873 de 2005.

[26] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

[27] M.P. Jaime Araújo Rentería.

[28] Sentencia T-286 de 2003 M.P Jaime Araújo Rentería.

[29] Sentencia T-862 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. 

 

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